Tres empresas acusadas por el denominado “falso jurel” buscan que la justicia deseche la demanda colectiva de Conadecus.

De acuerdo a La Tercera, Walmart Chile, Unimarc y CV Trading rechazaron las imputaciones, aunque levantaron defensas distintas.

El caso está radicado en el 15° Juzgado Civil de Santiago y apunta a conservas de Coliseo, Acuenta, Unimarc, Barquito y Novamar. Conadecus sostiene que se vendieron como jurel productos que contenían otras especies.

La ofensiva judicial comenzó en septiembre de 2025. La organización pide hasta 6.600 UTM de multa por cada empresa, calcula un daño patrimonial de $54.000 millones y reclama indemnizaciones por daño moral y un recargo del 25%.

Pero las demandadas coinciden en un punto: sostienen que la controversia pertenece al ámbito sanitario y debe ser abordada por las autoridades sectoriales. También descartan que los productos cuestionados representen un riesgo para la salud.

Walmart apostó por cuestionar la acción desde su origen y afirmó que estaría prescrita, pues las prácticas denunciadas se remontarían al menos a 2018. También objetó que Conadecus represente a empresas que adquieren productos para reventa.

“Desde que se comenzó a comercializar jurel bajo la marca propia Acuenta, al igual que respecto de cualquier producto vendido por o a través de Walmart, se cumplió con todas las exigencias legales y regulatorias para su comercialización. Este proceso involucra a una serie de autoridades administrativas, ninguna de las cuales levantó reparo respecto de supuestas discrepancias sobre el contenido de las latas de jurel comercializadas por Walmart”, señaló la contestación de Walmart Chile.

En paralelo, Walmart disputa una multa de 400 UTM aplicada por la Seremi de Salud por el rotulado de Acuenta.

Unimarc tomó otro camino: defendió que Trachurus japonicus es reconocido como jurel y está autorizado por Sernapesca. Además, señaló que pruebas PCR efectuadas en el INTA determinaron que las muestras analizadas eran 100% jurel.

CV Trading puso el foco en el origen del conflicto: indicó que la denuncia inicial provino de los Pescadores Industriales del Biobío y no de consumidores. También sostuvo que vende a intermediarios y no mantiene contratos con compradores finales.

Además advirtió sobre otros procesos abiertos y el riesgo de recibir sanciones duplicadas por los mismos hechos.