Conforme con la indemnización que asignó la justicia en primera instancia quedó Cecilia Castro, una de las madres que sufrió el intercambio de su bebé recién nacido en el hospital de Talca el 14 de septiembre de 2005.

Claro que el fallo no aplacó su dolor: "Tengo una pena enorme porque finalmente no todos los culpables fueron condenados", señaló la víctima del bullado caso de las guaguas cambiadas quien, tras el juicio civil, espera cerrar un ciclo doloroso para toda su familia.

Luego de la acción legal interpuesta por el matrimonio Garrido Castro (en la foto) -en enero del 2008, en el Segundo Juzgado de Letras de Talca-, el juez Eric Sepúlveda decidió acoger la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Servicio de Salud del Maule.

Además condenó a éste al pago de 60 millones de pesos a cada uno de los cuatro integrantes de la familia, compuesta por el padre, la madre, el hijo mayor y el pequeño Benjamín, que fue el bebé víctima de la sustitución de un niño por otro.

Para Cecilia, los 240 millones de pesos no reparan el daño causado, sobre todo porque lo que su familia esperaba era que los cuatro funcionarios del hospital de Talca, involucrados en la causa criminal, fueran condenados.

Sin embargo, de todos ellos, sólo la paramédico Ana Méndez fue condenada en junio del 2011, en juicio oral.

"Estoy más tranquila, es verdad, pero no puedo decir que estamos felices ni satisfechos con la justicia, porque lo que nosotros pretendíamos era que se condenara a los culpables, y aunque fue un hecho que ocurrió a vista de todos, finalmente la justicia no hizo nada en términos penales, salvo cortar el hilo por lo más delgado", remachó.

Tras confirmarse que los hijos de Lucy Soto y Cecilia Castro habían sido entregados erróneamente a sus madres en septiembre del 2005, fueron devueltos a sus familias biológicas después de un año, tras meses de mucha angustia para ambas familias.

Posteriormente, Lucy Soto decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con el Servicio de Salud regional, recibiendo 40 millones de pesos por el grave hecho del que fue víctima. La familia Garrido Castro, en cambio, interpuso una querella criminal y una demanda civil con el fin de establecer responsables.