La diputada Catalina Pérez (RD) decidió dejar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados tras la arremetida de la oposición debido al millonario convenio de su pareja.

Eso sí, la parlamentaria descartó renunciar, acusó un acto de “aprovechamiento político” y afirmó que la medida busca proteger al oficialismo.

“A la mesa de la Cámara de Diputados le queda una semana antes de su renuncia regular. Lo que hago por este acto es suspender inmediatamente y de facto mis actividades dentro de la mesa de la Corporación para presentar, posteriormente y según el trámite reglamentario correspondiente, la renuncia en la fecha que corresponde, junto con el presidente de la Cámara”, señaló la legisladora.

Además, explicó que “el daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir también se le infrinja al oficialismo, nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso que cuidar (...) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en ésta ni en otras ocasiones”.

De igual manera, adelantó que seguirá “trabajando firmemente porque este Congreso esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda”.

“Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor que es proteger al oficialismo”, agregó.

Finalmente, recalcó que “no presento una renuncia a la mesa de la Cámara, lo que hago es suspender mis actividades dentro de la mesa y la renuncia la presentaré cuando corresponde según los plazos que se han acordado en el acuerdo y pacto administrativo”.

Polémica por millonario convenio

Cabe recordar que la polémica surgió luego de que se diera a conocer un convenio entre Daniel Andrade -pareja de la diputada de Revolución Democrática- y la Secretaría Regional de Vivienda de Antofagasta.

La noticia fue publicada por un medio de esa región, detallando los convenios que la repartición encabezada, hasta ese entonces, por el militante de RD Carlos Contreras mantenía con la fundación Democracia Viva por $ 426 millones. El representante legal de esa fundación es el también militante RD Daniel Andrade.

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