Siniestras e insistentes amenazas de muerte por teléfono recibió, mientras observaban el programa "Enigma" de TVN, la familia del cabo del Ejército Orlando Morales Pinto, quien en 2002 murió en extrañas circunstancias en su departamento de soltero.

"Nos amenazaron telefónicamente para amedrentarnos. Gracias a Dios andamos preparados y no tenemos miedo, ya que estamos acostumbrados a esta situación. Desde que murió mi hermano y buscamos justicia hemos sido amenazados por extraños que merodean nuestra casa", contó a La Cuarta Johana, hermana del malogrado soldado.

- Tras ver el capítulo sobre el caso, ¿sigue asegurando que a Orlando lo asesinaron?

- Sí. Los asesinos de mi hermano andan sueltos y son peces gordos.

- ¿Por qué cree que no se ha hecho justicia?

- Se llenan la boca con que éste es un país democrático y no lo es. De lo contrario, hubiesen pagado quienes asesinaron a mi hermano.

- ¿Qué le dirías a la Presidenta?

- Que recuerde lo que nos dijo cuando era ministra de Defensa: Que nos ofrecería toda su ayuda para resolver el caso.

- ¿Esperan que se sepa la verdad?

- Sí, por el bien de mi mamá, que está destrozada.

Antes de expirar, el cabo Morales habría dicho a sus compañeros de armas y familiares que existían serias irregularidades al interior del Comando de Salud, en Rancagua, donde prestaba servicios.

Según él, éstas iban desde la petición de facturas por parte de un superior, supuestamente para justificar el IVA, hasta problemas para cuadrar 120 millones de pesos que faltaban.

A un día de salir de vacaciones el joven se "suicidó" con un disparo en la boca, en medio de una presunta decepción amorosa, de acuerdo con la versión institucional.

La familia no acepó la tesis del suicidio y, durante el velatorio, su padre abrió la urna sellada y fotografió el cuerpo. Las imágenes servirían más tarde para avalar la tesis de un homicidio.

A partir de ese momento, el caso se llenó de irregularidades. Amenazas telefónicas, accidentes, pérdida de pruebas, la desaparición del arma desde el tribunal, testigos que se escurren o no declaran por temor a represalias e incluso una llamada al programa del Rumpy, con la que un auditor se desahogó y confirmó que se trató de un homicidio, son algunas de las decenas de chanchullos que ensombrecen la investigación.

J. Pinto/J. Salas