El Presidente Boric promulgó la Ley de Protección al Denunciante, la que instaurará un canal digital que permitirá que denunciantes se mantengan en reserva y se contacten directamente con la Contraloría.
El Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Protección al Denunciante con el propósito de proporcionar nuevas herramientas para abordar la corrupción en la administración pública.
A grandes rasgos, la legislación garantiza protección a los empleados del sector público que denuncien actos de corrupción o violaciones a la integridad en entidades estatales, considerando que previamente los funcionarios no se atrevían a denunciar debido a temores de represalias u amenazas. De ahí que la ley busca facilitar la detección de casos de corrupción al resguardar a los testigos y víctimas de tales incidentes.
El Presidente Boric destacó que esta medida afronta el problema y permite la presentación y exploración de denuncias a través de un nuevo canal digital gestionado por la Contraloría.
Esta última entidad, que el primer mandatario destacó como una que se caracteriza por su independencia e imparcialidad, ofrecerá con este canal digital “la opción de mantener en reserva de denunciante y con medidas concretas de protección ante posibles represalias”.
Confrontando a la corrupción
El Presidente Gabriel Boric también reveló medidas para afrontar los problemas de corrupción en la administración públicas.
- A fines de agosto, la Comisión Asesora para Regular la Relación entre las Fundaciones y Corporaciones y el Estado va a entregar sus propuestas. A partir de ese minuto se concretarán dichas recomendaciones.
- El Gobierno está avanzando en el Registro de Beneficiarios Finales de Empresas y Entidades sin Fines de Lucro, fundamental para luchar contra la corrupción, así como también contra el crimen organizado y la evasión fiscal.
- Se retomará el compromiso de institucionalizar por ley el Consejo General de Auditoría del Gobierno, para actualizar su regulación, que data desde 1997, fortalecer su rol, la periodicidad que le corresponde, y la independencia de los auditores.
- Buscan concretar una serie de iniciativas para elevar los estándares de probidad, y la transparencia en los municipios como el proyecto de ley de Integridad Municipal que está en trámite en la Cámara de Diputados. Hay además propuestas en materia de recaudación y fiscalización del gasto, que se darán a conocer próximamente
- También presentarán la Estrategia Nacional de Integridad Pública, en la que vienen trabajando desde el año pasado y que es definida desde el Gobierno ccomo una hoja de ruta para combatir y erradicar la corrupción.
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