El último día del año legislativo en el Congreso Nacional sirvió para que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley denominado "Chao, Dicom", el que busca que ninguna persona que tenga las dolorosas deudas universitarias sea discriminada a la hora de pedir un crédito personal, hipotecario o acceder al mercado laboral.

La norma aprobada establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.

"El endeudamiento es un flagelo que sufren los jóvenes en Chile y por eso nos parecía tan importante que este proyecto saliera antes del receso. Nos parece importante tener una bancada contra el endeudamiento en la educación y emplazar a quienes se han enriquecido, emplazar a los bancos para que den respuesta a los jóvenes", comentó la diputada Camila Rojas (Comunes), una de las impulsoras del proyecto.

DEUDAS EN DICOM

Según el último informe "Deuda Morosa", casi 180 mil chilenos están informados en Dicom por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos. Por lo que la nueva ley -que será promulgada por el Ejecutivo- incluye las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento que se hace a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Esto también corre para las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.

"Por fin los miles de jóvenes condenados por este mercado educacional no verán limitadas sus oportunidades por aparecer en boletines comerciales. La educación es un derecho, no un privilegio", comentó la diputada Camila Vallejo.

La ley, que fue aprobada por 82 votos a favor, 2 en contra y 47 abstenciones entrará en vigencia a partir de los 180 días posteriores a su publicación.

Desde esa fecha, los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados a las deudas universitarias de cualquier persona que habita el territorio chileno.