Desde el Gobierno revisarán una emisión de boletas de honorarios realizadas por Daniel Andrade, presidente de la Fundación de Democracia Viva, mientras se desempeñaba como jefe de comunicaciones de Daniela Carvacho.

Las boletas que conectan a ambos militantes de Revolución Democrática (RD) se realizaron en el marco de dos candidaturas que previamente realizó la actual seremi de Educación de la región de Los Lagos. Carvacho primero intentó ser constituyente y luego se presentó a comicios para ser diputada en 2021.

Según consta en el portal de la radio Bío-Bío, la boleta de menor valor alcanzó a los $112 mil pesos por un servicio audiovisual, mientras que la más alta llegó a los $3.9 millones por una asesoría en comunicación estratégica. En total listan cinco boletas

De acuerdo a lo que planteó Carvacho, Andrade fue contratado como encargado de comunicaciones “por su experiencia en su trabajo estratégico y comunicación política”, descartando que existiese en ese momento un nexo con la ahora cuestionada fundación. De hecho, planteó que no ha tenido contacto con el presidente de la fundación Democracia Viva desde que está en el Gobierno.

La polémica de la fundación Democracia Viva

La fundación Democracia Viva ha sido cuestionada por una serie de convenios millonarios que concretaron con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), por $426 millones en la región de Antofagasta, bajo el amparo de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda. En ese entonces, la Seremi era encabezada por Carlos Contreras, militante de RD.

Los cuestionamientos también alcanzaron a la diputada Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara, militante de RD y expareja de Daniel Andrade.El hogar de la parlamentaria fue allanado como parte de la investigación. En tanto, Daniel Andrade confirmó la designación de cuatro abogados que conformarán su defensa.

Cabe destacar que ante estas situaciones, desde Democracia Viva se han defendido asegurando que solo en el último trimestre de 2022 trabajaron en 10 campamentos para impulsar la participación ciudadana y mejorar las condiciones de los habitantes de esa zonal, tanto en seguridad como salubridad, colaborando en el trabajo de instalación de luminarias y labores para mitigar la amenaza de incendios.

En el marco de este caso, durante esta jornada la Contraloría instruyó detener la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y fundaciones.

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