Un primer contacto abordado desde la invitación y no a través de una orden; una agenda de horarios y lugares de encuentro según cada realidad; orientación sobre derechos a los que ellos mismos están suscritos y confidencialidad de un terapeuta. Todo lo que parece de sentido común, es completamente ignorado por las familias que son consideradas vulnerables y, que en algunos casos, se les califica como inapropiadas para estar al cuidado de su hijo.

Ese cambio de paradigma fue ejecutado en un plan piloto en seis residencias colaboradoras de Sename, de la Región de Valparaíso, por un año y medio. El resultado fue una guía en la cual el Consejo Nacional de la Infancia está trabajando para reformar el sistema.

De las 67 familias acogidas al programa de terapia y acompañamiento intensivo, el 70% logró tener de regreso a su hijo o hija con mejores condiciones de vida.

"Cada familia tiene una historia distinta. Y la incorporación es voluntaria, donde ofrecemos apoyo y comprensión, es increíble cómo de esa manera la disposición es masiva, porque son familias que están con un profundo dolor y se sienten expuestos por su situación", cuenta la psicóloga Claudia Bizama.

La profesional trabajó con un grupo de las familias, de las cuales el 90% no abandonó la terapia y logró recuperar a su hijo. Ljudicializacióna temática sobre la pobreza es más amplia, explica Bizama. "Yo diría que hablamos de familias excluidas, que no tienen acceso a servicios sociales, ni beneficios, ni bonos, no conocen sus derechos, no saben que pueden solicitar información. Se les orienta, porque deben endeudarse hasta para comprar una cama para su hijo, son familias muy trabajadoras".

La medida 78 anunciada por el Gobierno para mejorar la política de desinternación de los más pequeños (0-3 años), se elabora el presupuesto para su extensión, luego de los buenos resultados inspirados en mejorar la comprensión sobre las necesidades de las familias y la prohibición de castigos como visitas o salidas de niños con sus padres.

En ese sentido, la coordinadora de la estrategia de desinternación de Valparaíso, Gloria Vío, explica que los casos tuvieron seguimiento hasta diciembre, sin embargo es necesario continuar al menos dos años cada caso. "La familia de origen o extensa (abuelos, tíos) siempre es mirada como víctima o victimaria y la judicialización de la causa interviene de manera invasiva y nosotros apuntamos a resolver la vulneración y no concebir a la familia según su historia".

Desde el Gobierno se analiza el costo que tendría un programa intensivo en el resto del país. Sólo en Valparaíso, fueron unos $370 millones en el pago a 16 profesionales. La subsecretaria de la niñez, Carol Bown, considera que "se hizo algo súper bonito, porque se trabajó hasta con los jueces, tuvieron un vínculo tan fuerte que los profesionales siguieron con ellos una vez terminado el proyecto, esto demuestra que el trabajo conjunto genera un efecto positivo para los niños y sus familias. Vamos a fortalecer este trabajo, porque la desinternación es algo prioritario, es por esto que queremos presentar indicaciones para el nuevo servicio, el sujeto no es sólo el niño, sino que también su familia".