El pasado 14 de febrero se publicó en el Diario Oficial de nuestro país la ley que regula el acceso a las playas en territorio nacional. La norma indica que estas son públicas y que si un ciudadano común tiene una propiedad que colinde con un balneario, debe brindarle un acceso al lugar a quien desee ingresar.

Fue por eso que la mañana de ayer llegó la ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, hasta la propiedad de la familia Jaramillo, que colinda con la playa Mónaco, en Pichilemu, para hacer efectiva la ley y echarles el portón abajo, pues impedían el acceso al público y, en especial, a los pescadores de la zona, quienes aseguran que dicho sector es rico en recursos marinos.

De acuerdo al procedimiento realizado, el pasado 25 de enero se notificó en el Fundo Mónaco a los propietarios Marco, José y Marcial Jaramillo de lo que se venía. El 7 y 8 de febrero, la unidad de fiscalización junto a la unidad de catastro del Ministerio de Bienes Nacionales visitaron la zona en la cual se fijaron las vías de acceso a las playas.

Y, finalmente, ayer se hizo efectiva la medida. "Hemos venido hasta acá para decirles que, si ustedes no cumplen con la ley, van a ser sancionados. Por eso llegamos con la fuerza pública, después de que les hicimos llegar todas las notificaciones, y tras las fiscalizaciones que llevó a cabo nuestro Seremi", dijo la secretaria de Estado

La ministra recalcó que en nuestro país "ha existido una cultura que es un secreto a voces, donde todos los chilenos saben que existen playas maravillosas de las que todos quieren hacer uso pero que, sin embargo, están con portones cerrados con candados y queremos decirles que las playas no son privadas".

Alegría

Los más contentos con la medida son los pescadores, ya que podrán trabajar en la zona que por más de 40 años les fue negada. "Hace mucho tiempo esperábamos este día, ya que siempre se nos negó el acceso a la playa. Ahora podremos trabajar y llevar el sustento al hogar. Era una injusticia lo que estas personas hacían", dijo Alberto Díaz, pescador de la zona, quien hizo ingreso al lugar minutos después de que los portones fueran derribados.

Durante las labores, los efectivos policiales abrieron cinco portones de madera que la familia Jaramillo tenía instalado para impedir el acceso a la playa a transeúntes y pescadores.

"Es un hito importante, no solo porque abrimos las playas sino también porque hemos cursado la primera infracción a nivel nacional con esta ley", dijo el Seremi de Bienes Nacionales de O'Higgins, Christian Villegas

Finalmente, el monto que deberá pagar la familia Jaramillo será fijado por el Juzgado de Pichilemu. Eso sí, arriesgan una multa de hasta 100 UTM.