Los abogados chilenos contratados por EE.UU. para perseguir la causa de extradición de Carlos Cardoen, rebatieron el análisis elaborado por la fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello, que desestimó las ocho causas presentadas, junto con la solicitud de extradición, en contra del empresario chileno, argumentando que "conforme al derecho chileno, los hechos imputados al requerido se entienden prescritos con creces, cualquiera sea la forma en que se los califique".

Alfredo Etcheberry y René García, los abogados patrocinantes de la demanda, respondieron al informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, aduciendo que en este caso aplica la suspensión de la prescripción ya que "la referida exigencia para suspender la prescripción está, desde luego, plenamente satisfecha desde que el 26 de mayo de 1993 un Gran Jurado Federal presentó la acusación ante la Corte del Distrito Sur de Florida".

El circonio de la discordia

Cardoen es acusado de importar ilegalmente circonio de Estados Unidos, un elemento químico que se utilizó en la fabricación de bombas de racimo y que su empresa, Industrias Cardoen, vendió al régimen iraquí de Saddam Hussein entre los años 1980 y 1990.

En 1993, la Interpol emitió una orden internacional de arresto contra Cardoen por pedido de Estados Unidos en relación a esas acusaciones.

Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de marzo de 2019 que el Departamento de Justicia de EE.UU. finalmente registró una solicitud formal a la justicia chilena para la detención del empresario de 78 años.

La Corte Suprema de Chile dictaminó en ese entonces prisión domiciliaria para Cardoen y le dio a EE.UU. 60 días para formalizar el pedido de extradición.

Cardoen insiste en que las bombas fueron vendidas a Irak bajo el completo conocimiento y consentimiento de EE.UU.