Genaro Leal es el nombre de un inspector del Ministerio de Obras Públicas que ha sido acusado, junto a su pareja y un grupo de amigos, de diseñar un plan para estafar al gobierno y recibir sobornos millonarios.

Según consta en un reportaje de BíoBío, el grupo actuó con tal audacia que terminaron siendo detenidos por la PDI y la fiscalía en tan solo 10 meses.

La investigación indica que el esquema de fraude fiscal implicaba acuerdos y contratos falsos para ocultar los sobornos, centrándose en proyectos de obras públicas supervisadas por Leal que beneficiaban a sus conexiones en la industria de la construcción.

Lujos y casos millonarios

Durante la investigación al funcionario, que trabajaba para la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, se encontraron numerosos artículos de lujo - de marcas como Gucci y Louis Vuitton - que cayeron en manos de su cónyuge, Romina Zumelzu.

Como parte de sus coimas se estima que solo en 2022 el funcionario recibió casi $12 millones de pesos que fueron recibidos en la cuenta de su esposa. En tanto, más de $27 millones fueron depositados en efectivo en su cuenta.

En ese escenario se detectó que uno de los casos involucra a un proyecto de mejoramiento urbano con un presupuesto fiscal superior los $1.735 millones que fue otorgado a la Constructora FV.

En el medio de dicho caso estaba Carlos Trautmann, representante legal de la constructora, y la esposa de este último, Lilian Medina Higueras, quien también era una inspectora fiscal cercana a Leal. Cabe mencionar que por este caso también hay otros tres funcionarios públicos involucrados.

A grandes rasgos, y cortesía de la terciarización del acuerdo que benefició a la Constructora FV, Leal, Medina y Trautman lograron sacar una tajada de al menos $17 millones de pesos. Según la investigación, constituyeron una sociedad poco antes del negociado.

En otro caso, se constató que Leal recibió pagos fantasmas de una constructora para agilizar los pagos estatales para mejoras y trabajos carreteros en sectores urbanos de Arica y el Valle de Azapa.

Como parte de dicho escenario también se revelaron escuchas telefónicas que documentaban conversaciones sobre cómo aprovecharse del sistema para obtener ganancias indebidas.

Los involucrados en este caso son perseguidos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos.

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