La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) denunció la semana pasada ante al Ministerio Público un presunto conflicto de interés que afectaría a la fiscal jefe de la Región del Bíobío, Marcela Cartagena, quien junto a la fiscal adjunta Ana María Aldana, investigan las intoxicaciones ocurridas a fines de agosto en Quintero y Puchuncaví.

Según consigna La Tercera, su argumento principal se basaría en que la persecutora se encuentra casada con el abogado Álvaro Sepúlveda, quien trabaja desde 2013 prestando servicios a la petrolera estatal en juicios civiles.

De esta forma, la empresa pedirá a la Fiscalía la inhabilidad de Marcela Cartagena del caso, amparándose en el Artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que establece que "no podrá dirigir la investigación ni ejercer la acción penal pública los fiscales que sean cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados en línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados".

Esta situación ocurre a 20 días de que la fiscal jefe de la Región del Bíobío expresara ante los medios de comunicación que Enap era el principal responsable de los episodios de contaminación con petróleo iraní ocurridos en Quintero, que dejó a cientos de personas con síntomas de intoxicación a fines de agosto del año pasado.

Además de las situaciones ocurridas en la Región de Valparaíso, se suma la crisis medioambiental sufrida en Talcahuano luego del derrame de crudo de un buque, el cual obligó la evacuación del Mall Plaza El Trebol y una clínica del Gran Concepción.

El texto con la denuncia se encuentra en estos momentos en el Ministerio Público, en análisis en la Unidad de Asesoría Jurídica.