Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la apelación presentada por Fiscalía respecto del arresto domiciliario que le fue impuesto a la exalcaldesa Cathy Barriga, imputada por un millonario fraude durante su gestión en Maipú.

A través de un escrito de 20 carillas presentado ayer en el mencionado tribunal, desde el Ministerio Público insistieron en su postura: la otrora jefa comunal debe ir a prisión.

“Esta resolución (la del juez Hugo Salgado) causa agravio al Ministerio Público toda vez que se negó la posibilidad de satisfacer una petición procesal efectuada conforme a sus facultades legales, la cual está establecida en el artículo 140 inciso 1o e inciso final del Código Procesa Penal, en relación con el artículo 6° del mismo texto legal, mermando así la pretensión penal de prevención especial perteneciente al Estado, a quien este servicio representa”, se lee en la apelación revelada por La Tercera.

Agregaron, en los mismos términos, que “a juicio del Ministerio Público, existen antecedentes calificados que permiten al Tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación; como también que la libertad de la imputada es peligrosa para la seguridad de la sociedad y que existe peligro de que la imputada se dé a la fuga”.

¿Peligro?

Asimismo, plantearon que “debe tenerse presente que, en base a los antecedentes del caso, existen sospechas graves y fundadas de que la imputada pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”.

En ese sentido, recalcaron que hay una serie de declaraciones de exfuncionarios que dan cuenta de que Barriga instruyó expresamente a sus subordinados no dejar evidencia documental de su actuar ilícito, “dando las órdenes siempre de manera verbal, evitando usar medios escritos de comunicación y evitando suscribir personalmente documentos que dieran cuenta del actuar ilícito de los mismos”.

“Existen, por tanto, sospechas graves y fundadas en antecedentes ya acaecidos durante esta investigación de que la imputada, directamente o por intermedio de terceras personas, contacte a testigos y coimputados e induzca a los mismos a comportarse de manera desleal o reticente con la investigación y de ese modo mantener la ‘ley del silencio’ instalada por la misma imputada durante su gestión alcaldicia”, manifestaron.

Finalmente, concluyeron que el hecho de que “la imputada Cathy Barriga no tenga antecedentes penales previos no resulta relevante, debido a que no podría haber postulado a un cargo público si los tuviese. Lo que queda de manifiesto es que durante su período administró de forma maliciosa e irregular el patrimonio municipal de una de las comunas más pobladas y vulnerable de la Región Metropolitana y eso sí resulta ser un peligro para la seguridad de la sociedad”.

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