Lo más común para evadir el cumplimiento de sentencias es la fuga de los condenados o reclusos. Pero un nuevo y preocupante método quedó en pelotillehue cuando se descubrió la falsificación de un fallo, con firmas incluidas, y que rebajaba la pena a un peligroso delincuente.

El hecho ha sido calificado como singular dentro de los tribunales, pero a la vez hizo abrir las pepas a los jueces por la vulnerabilidad del sistema.

Todo partió cuando comenzó la investigación para verificar antecedentes que daban cuenta de ciertas irregularidades en algunos tribunales sobre la dictación de condenas.

Así fue que el fallo original de la Quinta Sala, que confirmaba la sentencia decretada en el 30° Juzgado del Crimen, ordenaba 15 años y 1 día para el delincuente por un robo con intimidación, pero el documento que llegó a Gendarmería, contemplaba sólo 6 temporadas tras las rejas.

De haber prosperado, la situación del pato malo, que actualmente está guardado en la ex Peni, pudo haber sido bastante positiva ya que podría haber accedido a posibles beneficios, como la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena.

El presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Escobar, señaló que "se falsificó la firma de algunos ministros y en virtud de eso se ordenó que el ministro (Mario) Carroza (en la foto) iniciara las investigaciones del caso con las más amplias facultades, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público".

Las firmas en entredicho en el documento adulterado correspondían a las de los jueces Alejandro Madrid, Adelita Rabanales y Benito Mauriz.

Escobar añadió que es un hecho "gravísimo y (que) es primera vez que me toca ver en esta Corte de Santiago". El nombre del delincuente no fue revelado.