Como parte de la agenda de combate a la delincuencia, el Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto que busca crear la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, además del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) , con los cuales busca prestar asesoría y defensa jurídica a las víctimas de delitos, junto con asistencia psicológica y social.

"Este proyecto de ley busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas de la delincuencia", señaló Piñera, quien estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y de Justicia, Hernán Larraín.

Según explicó el Mandatario, la ley que crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, velará por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

"La defensa de las víctimas, y no solo de los imputados de cometer delitos, es también un pilar fundamental de un trato justo y equitativo por parte del Estado a todos los ciudadanos", detalló el Jefe de Estado.

Deuda histórica. En tanto, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como "Mi Abogado" (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.

"De esta forma, el Estado está saldando una deuda histórica que tiene con los ciudadanos y muy especialmente con las víctimas de la delincuencia y contribuye así al fortalecimiento de un Chile con más justicia, mayor paz, cohesión social y mejor convivencia", indicó Piñera.

Cabe destacar que junto a todo lo anterior, el proyecto también crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y será una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.