Definitivamente la Iglesia está viviendo una nueva era en Chile y en el mundo entero, porque lo que sucede en estos lares es seguido por la prensa de todo el mundo.

Ayer, y de forma inédita, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el OS-9 de Carabineros allanaron la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y al Obispado de Rancagua.

¿Resultado? Incautaron archivos eclesiásticos de religiosos acusados de abusos sexuales contra menores desde 2003.

La drástica determinación de la Justicia chilena surgió después de que la Iglesia, desde Roma, apeló al secreto pontificio para negarse a entregar las carpetas de investigación de las personas indagadas por abusos.

La génesis de este allanamiento se remonta a fines de mayo, cuando el fiscal Sergio Pérez Nova solicitó al obispo de Rancagua, Alejandro Goic, que le entregara todas las investigaciones que se habían hecho en esta materia. La autoridad eclesiástica sólo proporcionó un par de casos.

La Fiscalía argumentó que el abuso sexual contra menores no sólo es un delito canónico, sino también civil. Por ello, la historia terminó en la incautación de los documentos.

Sin denuncias

Las diligencias fueron realizadas a primera hora en la capital de la Región de O'Higgins y fueron encabezadas por el fiscal Sergio Pérez, acompañado de personal de Carabineros por una orden de entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía de la comuna de Pichilemu. En la diócesis se investigan los abusos de 14 sacerdotes en contra de menores y que se han hecho conocidos como "La Familia".

Al mismo tiempo, se realizaba una acción similar en el Tribunal Eclesiástico de Santiago por el fiscal Emiliano Arias. Allí buscaba la misma información respecto del imputado Óscar Muñoz Toledo.

A la salida, el persecutor señaló que "nadie está al margen de la ley" y agregó que "se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. En este caso, es importante destacar que aquí existe acción penal pública (...) no necesito una denuncia de la persona, como podría ser un delito sexual contra un mayor de edad", aclaró.

Dijo también que el objeto de los allanamientos "es pesquisar delitos contra menores de edad que en este caso aún no están prescritos", añadió.

Fue más explícito aún en este punto y manifestó que "en el tema de la prescripción de los delitos contra los menores de edad es bastante relativo el asunto, porque no se cuenta desde la comisión del hecho, sino desde que el menor que ha sufrido el delito sexual cumple los 18 años".

Ezzati

Tras las diligencias, el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, señaló que contribuyeron en todo lo requerido por la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros. "Reiteramos la disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido", dijo, agregando que el tribunal "entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada".

Las diligencias se realizaron dos días después de la renuncia del obispo Juan Barros de Osorno y en medio de la visita de los enviados desde Roma.

En tanto, Ricardo Carrasco, abogado y vocero de Voces Católicas, señaló a La Cuarta que "claramente la disposición de la Iglesia es colaborar con la investigación, pero esto no significa exponer a las víctimas". Eso explica el celo que tuvieron las autoridades eclesiásticas, indicó.

Agregó que la Fiscalía "no desarrolla una investigación en contra de la Iglesia, sino en contra de personas específicas que cometieron abusos y el material incautado respondería a esa indagación".

Reunión del Fiscal Nacional y Charles Scicluna

Con el objeto de compartir la investigación que se lleva adelante en Chile por los abusos cometidos por sacerdotes en contra de menores, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se reunió con el enviado especial del Papa a nuestro país, Charles Scicluna. Lo acompañaron los fiscales Raúl Guzmán, Emiliano Arias y Mauricio Richards.

Abbott reveló que conversaron con el Obispo acerca de la necesidad de colaboración entre la Iglesia y la Justicia de nuestro país.