La Contraloría General de la República emitió un informe en el confirmó la existencia de corrupción en el denominado Caso Convenios, el cual ha puesto en jaque a la relación entre organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONGs).

Asimismo, el contralor Jorge Bermúdez advirtió sobre una de las aristas en Antofagasta, la que involucra a la fundación Democracia Viva, poniendo en duda que puedan restituirse las millonarias asignaciones otorgadas por un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“No existe justificación para que Democracia Viva fuera la fundación elegida para llevar a cabo el proyecto”, dijo el contralor en conversación con 24 horas de TVN. “Y no existe ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías”, agregó.

En esa línea, el contralor planteó que “uno de los hallazgos más graves” implica a 15 funcionarios privados, trabajando tanto para la Seremi de Vivienda como para el Serviu de Antofagasta, “que están contratadas por las fundaciones”. Lo anterior se debe a que las fundaciones, luego de obtener los convenios, contratar a personas que son destinadas a trabajar con los organismos públicos.

“Eso es gravísimo (...) tiene acceso a los sistemas, tiene correo institucional, toma decisiones o forma parte de equipos donde se toman decisiones, pero en realidad no es funcionario público”, remarcó.

Entre las funciones de aquellas personas estaban la revisión de los propios convenios suscritos por las fundaciones, por lo que “hacían revisión de las cuentas que debían entregarse”.

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