Una silenciosa batalla campal es la que vive un importante número de empleados públicos y el Gobierno, tras ser obligados a ser parte del Censo 2017 que se celebrará el 19 de abril en nuestro país.

A varios funcionarios de planta y a contrata les cayó como patá en el quetejedi el comunicado donde se les informó que deberán ser parte del proceso. Pero a los que más les ardió fue a quienes no tienen hijos. Claro, pues la medida está apuntada exclusivamente a ellos, debido al déficit de voluntarios.

El comunicado que prendió la mecha señala: "La Contraloría General de la República ha establecido que censar es obligación propia de la función pública. Por ende, deberán participar en el Censo todos los funcionarios públicos, liderados por autoridades y directivos".

Esto se debe, según sapearon del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a la necesidad de 540 mil encuestadores para levantar el Censo 2017. Y hasta la semana pasada, el déficit de voluntarios alcanzaba el 60%.

Para el histórico líder de la ANEF, Raúl de la Puente, "los funcionarios públicos tenemos vocación de servicio y sabemos lo importante que es el Censo. Muchos han participado en ediciones anteriores. Porque sabemos lo importante que es para elaborar políticas públicas. Pero tenemos una sensación de malestar con el Gobierno. Primero fue el reajuste del año pasado y ahora esto. En vez de incentivar. Motivar y seducir, pretende implementar esto de forma obligatoria".

Más pataleo

En esa misma parada se encuentra Francisca, una empleada fiscal que no está ni ahí con ser parte del proceso. Por eso alega que "censar no figura en mi contrato". Por ese motivo, pidió sus vacaciones para la quincena de abril y ausentarse del proceso.

Según cuenta la mujer, lo que más tiene choreados a los trabajadores es que el 19 de abril (feriado legal) será una jornada laboral similar a otros días, pero en la calle. "A nosotros se nos obligará a ir a donde nos digan. Pero los voluntarios pueden escoger el lugar a censar. Y eso no es todo, porque no será remunerado".

Desde la otra vereda, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que serán compensados con un "descanso complementario".