Nuevos antecedentes se dan a conocer sobre las medidas que tomó el gobierno por el caso del empresario que se negó a dar agua de su piscina durante el combate de un incendio forestal en la comuna de Yumbel, en la Región del Biobío.

Luego de varios días de investigación, se dio a conocer que el acusado era el empresario Marcelo Piccardo, contra quien el gobierno presentó una querella por impedir el trabajo de quienes combaten el fuego.

Según detalló La Tercera PM, la acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Yumbel cita una presunta vulneración de Piccardo al Artículo 269 del Código Penal, el que tipifica el delito de dificultar el actuar de bomberos o servicios de emergencia ante situaciones de emergencia.

Además, la medida está impuesta en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplice o encubridores del mencionado ilícito.

De acuerdo al citado medio, el texto ingresado detalla que el martes 7 de febrero, cerca de las 10.30 de la mañana, uno de los tres pilotos extranjeros que prestaban servicios del combate de incendios en Yumbel, se preparaba para descender para extraer agua de una piscina.

Tras aproximarse el helicóptero, Piccardo comenzó a realizar una serie de señas a los pilotos para que no sacaran agua de su fuente de agua, “poniendo incluso unas líneas, aparentemente de alambres, para evitar el descenso, evitando así la extracción del agua de la piscina”.

Según el gobierno, esta acción “impidió la actuación del personal de utilidad pública que apoyaba a Bomberos y CONAF en las acciones para contener el fuego existente en la comuna, a pesar de la gran propagación del mismo y que hasta el momento ha generado muchas pérdidas al patrimonio de las familias afectadas y al medio ambiente”.

Se pide investigar

“La acción del querellado de impedir la extracción del agua por parte del personal de emergencia constituye una obstrucción al correcto desempeño de su labor, lo que además supone poner en riesgo la vida y seguridad de los vecinos del sector”, se añade.

Así las cosas, en la querella se solicita una serie de diligencias al Ministerio Público, la que incluye una petición para que la PDI empadrone a los testigos, fotografíe la casa de Piccardo, solicite el registro de las cámaras de seguridad, evidencia del sitio y toda acción que permita esclarecer el hecho.