En fallo dividido, la Corte Suprema otorgó al Ministerio Público "acceso parcial" a los correos electrónicos de las autoridades del Ministerio de Salud, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el actuar del Minsal frente a la pandemia del Covid-19.

"Es procedente mantener la diligencia de entrada y registro con incautación de correos electrónicos, vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados", dice la resolución judicial que permitirá a la fiscalía indagar información sobre las decisiones tomadas en los primeros meses de emergencia sanitaria.

Cabe señalar que fue el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien solicitó el acceso a los e-mails del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, de su jefa de gabinete en ese periodo, Itziar Linazasoro, y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, atendiendo a una querella interpuesta en contra de las autoridades de gobierno por su eventual responsabilidad en muertes y aumento de contagios.

A pesar del requerimiento del Ministerio Público, fue el propio ministro de Salud, Enrique Paris, quien se negó a entregar los correos aludiendo a que se trata de información sensible y que se estaría vulnerando la seguridad nacional. Sin embargo, con la resolución de la Suprema el Minsal deberá entregar la información, aunque podrá omitir correos donde aparezca información que hable de la "adquisición de implementos e insumos esenciales y estratégicos" y "la destinación de efectivos y recursos militares y policiales" durante la pandemia, decisión que fue bien recibida en La Moneda.

"Nosotros creemos que es lo correcto. La primera petición fue entregar todo a ciegas, sin ninguna indicación, sin ninguna dedicación especial a ciertos tipos de correos. Nosotros hicimos ver, que al entregar todo se ponía en riesgo la seguridad nacional y sobre todo, se contravenía la ley de derechos y deberes de los pacientes, que debe ser resguardada la intimidad de los pacientes", comentó el ministro de Salud.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, uno de los querellantes en el caso, lamentó que la Fiscalía no tuviera acceso total a la información, sobre todo en la que se habla de la compra de ventiladores mecánicos e insumos.

"La negativa de entregar la parte concerniente a la compra de ventiladores nos pone en una disyuntiva. El ministro de Bolivia fue destituido porque pagó sobre-precio por los ventiladores y no sabremos, por lo tanto, cuánto le costaron al Estado de Chile. Eso no es seguridad nacional, es presupuesto nacional", sostuvo Navarro.