Corrían los años 50 y la inestabilidad económica pegaba fuerte en el bolsillo de los chilenos. Es ahí cuando el comercio ambulante del barrio Franklin toma fuerza al instalarse en calles aledañas al matadero, que por esos días era la mayor atracción del barrio.

Hoy en este sector se encuentra uno de los persas más grandes de Chile, donde cada fin de semana miles de familias recorren sus calles y galpones deleitándose con una inmensa variedad de productos.

Los muebles, la gastronomía, la ropa y las antigüedades representan sólo una pequeña parte de todo lo que es posible encontrar en este histórico barrio.

Comenzó el combate

Cada vez son más los comerciantes ambulantes que se toman las calles Víctor Manuel y San Isidro, convirtiéndolas en una gran feria. Dentro de esa multitud existen personas de escasos recursos, adultos mayores y discapacitados que durante la anterior administración de Carolina Tohá, recibieron un Permiso Precario, el que debían renovar cada seis meses y les permitía trabajar en la vía pública de forma legal.

Hasta que apareció el Plan de Comercio Justo impulsado por actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que le está sacando canas verdes a los comerciantes ambulantes de la calle Víctor Manuel, quienes lo acusan de no cumplir con la promesa de campaña de renovar estos permisos.

Dina Montanares, dirigente del Persa Biobío explica que "en tiempos de elecciones vino el alcalde y nos firmó un proyecto que duraba hasta el 2020, en el que se garantizaba la continuidad de la feria. Estuvimos bien un semestre y después puso un decreto para impedirnos trabajar. Solamente estamos aquí presentes porque hubo un juicio, el que lamentablemente perdimos por estar mal asesorados y ahora estamos esperando que se haga efectivo ese fallo. Antes de eso no pueden sacarnos".

Desde la otra vereda, el director de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago, Maximiliano Alfaro, responde explicando que en junio de 2017 el alcalde notificó a los comerciantes que no se iban a renovar los Permisos Precarios.

"Este tipo de permisos son como una excepción, es decir, el último recurso que tiene el alcalde para apoyar a la gente más pobre de la comuna con una opción de trabajo transitoria. Éstos tienen una duración de seis meses y es la municipalidad quien decide si los renueva o no. Aquí no se renovaron por la implementación de un plan mayor", explica Alfaro.

Desde el municipio señalan que dicho proyecto apunta aprovechar la llegada del Metro a esa zona para potenciar su comercio.

Segundo round

El director de fiscalización agregó que la municipalidad le dio la opción a los comerciantes de reubicarlos en galpones y no pagar ningún tipo de arriendo los primeros seis meses.

Por su parte, los vendedores aseguran que la solución no es válida, ya que posterior a ese tiempo ellos quedarían en manos de privados y pagando arriendos inalcanzables, recalcando que los afectados son personas de escasos recursos, que no reciben los ingresos necesarios para cubrir los gastos.

El conflicto ha llegado a tal punto que los comerciantes denuncian que la municipalidad ha inundado las calles con agua y petróleo para evitar que ocupen el espacio. Estas acusaciones son negadas por Maximiliano Alfaro, quien señala que "soy yo quien solicita a la Dirección de Aseo que mojen las calles en la madrugada y a primera hora de la mañana para desincentivar a los comerciantes ilegales, pero esa agua es extraída de los pozos profundos del Parque O'Higgins".

Knock out

La Municipalidad de Santiago dejó fuera de combate a los vendedores ambulantes, ya que el 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial el decreto enviado por el Ministerio de Transportes, en el que se dan por habilitadas las calles Víctor Manuel y San Isidro para el tránsito de vehículos, por lo que es imposible que los comerciantes vuelvan a instalarse en dichas calles... por ahora.

Aún así, los comerciantes aseguran que seguirán dando la pelea en esta batalla del Biobío.