Fue en enero de 2022 cuando la PDI concretó la detención de Laura Carrillo Manzano, una mujer de 43 años que había sido denunciada por ofrecer supuestas gestiones para conseguir créditos hipotecarios que, finalmente, sus víctimas nunca recibían.

La imputada se ganaba fácilmente la confianza de los “clientes”, debido a su carta de presentación: había sido asesora del diputado Eduardo Durán (RN).

Luego de la respectiva investigación, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado los delitos y la condenó a 10 años y un día de cárcel.

En concreto, Carrillo Manzano fue responsabilizada por cometer diez ilícitos reiterados de estafa entre 2017 y 2019. Luego de engañar a 16 personas, la mujer se hizo de unos 90 millones de pesos.

La caída de una estafadora

En diálogo con La Tercera, la subinspectora Maura Martínez de la Bridec dio cuenta del modus operando de la estafadora: “Ella iba cada vez perfeccionando y entregando mayor confianza a sus víctimas, en este caso les entregaba supuestos formularios bancarios para acceder a los créditos, también dentro de esto señaló que trabajaba en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y entregaba unas supuestas claves con las cuales la gente podría entrar a su portal y verificar que la documentación o el proceso ya estaba en curso”.

Por su parte, el fiscal Marco Antonio Núñez, de la Fiscalía Metropolitana Sur, agregó que Carrillo “en algunos casos además les ofrecía supuestas condonaciones o beneficios del Minvu a las víctimas”.

“Para lograr el engaño, aparentaba poder o influencia, invocándose por Laura Carrillo vínculos o nexos con el Minvu, con distintos bancos y además el trabajo que ella tenía con un diputado, de manera de poder obtener la confianza de todas las víctimas para la entrega de los distintos dineros que pedía”, complementó.

Según detallan los investigadores, en el momento en que las víctimas empezaban a consultar sobre el avance de las gestiones, la imputada entregaba respuestas dilatorias o derechamente no se presentaba a los encuentros.

Respecto a la detención de Carrillo, la subinspectora Martínez detalla que “se logró a través de diferentes técnicas de investigación, una de ellas, la información en base a redes. Ya en el final empezamos a emplear vigilancia y seguimientos discretos, lo que nos permitió dar con su paradero de ese entonces, ya que durante la investigación se buscó en alrededor de cinco domicilios”.

Junto con la condena de prisión, el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago también decretó la inhabilidad absoluta y perpetua para asumir cargos y oficios públicos. Además, le estableció el pago de una multa de 30 UTM, es decir, cerca de $ 1.899.780.

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