Este miércoles, un grupo transversal de diputadas acercó un proyecto de ley con el objetivo de reformar una serie de artículos del Código Penal, de modo que personas imputadas o condenadas por delitos sexuales se vean incapacitadas de acceder a beneficios mientras se mantenga en curso su proceso judicial.

El ejemplo más cercano, en ese estado de cosas, fue el de Eduardo Macaya, padre del actual presidente de la UDI, a quien se le modificó la medida cautelar de prisión preventiva. En reemplazo, previo pago de fianza por $150 millones, se le asignó arresto domiciliario.

La medida, en palabras de la diputada Marcela Riquelme (ind-FA), pretende “impedir que en los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto”.

“Del mismo modo, se va a presumir que siempre hay peligro para la víctima cuando se trate de delitos sexuales contra menores de 18 años”, añadió enseguida.

“Muchas veces los jueces”, sostuvo al cierre, “optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos”.

Junto a Riquelme, firmaron la iniciativa las diputadas Mercedes Bulnes (Ind. FA), Erika Olivera (Demócratas), Marisela Santibáñez (PC), Camila Musante (Ind. PPD), Consuelo Veloso (Ind.) y Rubén Oyarzo (PDG).

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