Pese a presentar esquizofrenia diagnosticada, Gustavo G.A., de 36 años, vivió sus últimos días en los módulos de Santiago 1.

¿Cómo llegó a la cárcel? El pasado 6 de noviembre, el hombre tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su madre y hermana en el domicilio que compartían en Quinta Normal.

Sin más, la Fiscalía caratuló el caso como parricidio frustrado y pidió su prisión preventiva. La defensa alegó enajenación mental y en la espera de los peritajes de rigor se ordenó su ingreso en internación provisoria en el Hospital Siquiátrico Dr. José Howitz, pero eso nunca ocurrió.

Según detalló La Tercera PM, distintos jueces del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y su defensora penal pública intentaron buscar una solución transitoria ante la negativa del siquiátrico de Recoleta de ingresar a Gustavo al recinto.

Sin embargo, todas las veces la respuesta fue la misma: Dr. Horwitz tienen capacidad para 30 pacientes y está colapsado. Lo mismos les dijeron en otros recintos médicos.

Ya en Santiago 1, los magistrados del Sexto Juzgado de Garantía supieron de una golpiza a Gustavo por parte de otros internos. Le advirtieron a Gendarmería que no podía mezclar al imputado con reos comunes, sobre todo porque no estaba bajo régimen de prisión preventiva, sino solo internación provisoria en espera de antecedentes para determinar su “inimputabilidad”.

Pese a las advertencia, el joven estuvo entre el 13 de diciembre hasta la madrugada del 20 en distintos módulos del recinto penitenciario.

Por si fuera poco, el padre de Gustavo denunció que gendarmes le impedían ingresar los medicamentos para la esquizofrenia.

La muerte de Gustavo

Así las cosas, se agendó una audiencia para el 26 de diciembre en la que se revisarían las cautelares de Gustavo y se denunciaría lo ocurrido por parte de Gendarmería, pero no se realizó. El joven de 36 años falleció el 22 de diciembre por un paro cardiorrespiratorio a causa de una última golpiza.

Una vez constatado su fallecimiento, el tribunal ofició al Instituto Nacional de Derechos Humanos y se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que investigue un eventual homicidio por omisión. Se entregaron los detalles también a Gendarmería para los sumarios respectivos.

Respecto al caso, el defensor nacional Carlos Mora Jano, dijo a LT que “nos preocupa tremendamente que en la tramitación de un proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria, que pretende mejorar la persecución penal contra delitos graves, crimen organizado, entre otros, se ha aprobado una indicación que establece que en los casos en que se suspenda el procedimiento en contra de una persona con antecedentes serios de tener una enfermedad mental, es decir, podrían ser inimputables, no se pueden modificar las medidas cautelares que se hubieran decretado respecto de esa persona”.

Y agregó que “el problema es dramático particularmente respecto de las personas que están en prisión preventiva, pues deberán permanecer en recintos penitenciarios en lugar de ser trasladadas e internadas en recintos especializados para tratar a personas con enfermedades mentales. Esto es sumamente grave, ya que significa poner en riesgo a pacientes psiquiátricos en recintos que no tienen las condiciones para abordar adecuadamente su condición de salud y que pueden sufrir la vulneración de sus derechos”.

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