A propósito de la denuncia efectuada la semana pasada por la comunidad escolar del Colegio Alicante del Valle, en Puente Alto, porque una enfermera habría vacunado con la misma aguja a varios niños, es que han llegado varias consultas para conocer cuales son los procedimientos de la Seremi de Salud, de la Superintendencia de Salud, las policías y la fiscalía.

De esta forma, nos escribe Valeria Lozano de Puente Alto, con la siguiente duda: "Señorita Macarena, quisiera saber cuáles son las herramientas legales que tenemos los apoderados de un colegio, si es que ocurriera una situación similar a la denunciada, para investigar y castigar en su caso una conducta como la que ocurrió en el colegio de Puente Alto. Pertenecemos a otra comunidad escolar de la comuna y estábamos pensando en contratar a un profesional para poner la vacuna a nuestros hijos, pero ahora queremos esperar ver como se resuelve el caso del colegio Alicante del Valle. Muchas gracias."

Estimada Valeria:

Creo que, hasta que el caso no se aclare, el ambiente de incertidumbre persistirá, por eso es fundamental que las autoridades y la justicia tomen medidas inmediatas.

En cuanto a las autoridades, la Seremi de Salud es la entidad encargada de iniciar un sumario sanitario. Éste es un procedimiento administrativo, a través del cual investiga y constata hechos que pueden configurar infracción a la normativa sanitaria. En este sentido, el inciso final del artículo 113 del Código Sanitario establece las obligaciones de una enfermera: "Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente.".

Es por ello que la Seremi de Salud está investigando la denuncia que realizaron los apoderados que acusaron a la enfermera. La Seremi concurrió al establecimiento para investigar el caso y pudo comprobar que al menos adquirió las vacunas, aunque no guardó las boletas de todas ellas. Si se llega a establecer la infracción a la normativa sanitaria, la entidad puede aplicar una multa.

Igualmente, a modo de prevención la autoridad sanitaria ha indicado que se está estudiando si será necesario que las personas inoculadas se tomen exámenes para corroborar si se transmitió alguna patología.

Por su parte, la Superintendecia de Salud cuenta con un Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el que está a disposición de la ciudadanía, herramienta que permite consultar si una determinada persona ha sido legalmente habilitada para ejercer su profesión en el país, a fin de otorgar dicha seguridad sanitaria al aprobación.

Desde el punto de vista judicial, la PDI indagó a la enfermera en su domicilio,. Asimismo, la Fiscalía conoce de estos hechos respecto de los cuales podría enfocar la investigación desde varias aristas. Primero, como un presunto delito de estafa, ya que hay que los padres del colegio Alicante del Valle iniciaron una campaña de vacunación tras el fallecimiento de un niño en el mismo colegio a causa del virus, razón por la cual contrataron a la enfermera por la suma de $7.000 por cada vacuna.

Adicionalmente, si se comprueba que la enfermera utilizó las mismas agujas y jeringas, además de la estafa, podría incurrir en un cuasidelito del artículo 490 y 491 del Código Penal, e incluso para el caso de que se verifique la trasmisión de enfermedades a causa del hecho denunciado, podríamos establecer el delito de lesiones del artículo 395 y siguientes del Código Penal, todos estos ilícitos son penados con reclusión o presidio en alguno de sus grados.