La madre de Rosario Madueño, la chilena detenida en Perú junto a su pareja, Jorge Tovar, tras ser acusados de trata de personas, entregó una carta en la que pide la ayuda del Presidente Sebastián Piñera para obtener su liberación.

Tras dejar la misiva en La Moneda, María Eugenia Atalaya insistió en la inocencia de su hija y yerno, quienes acudieron a Lima para ir a buscar a sus dos hijos, concebidos mediante un vientre de alquiler.

"Lo bueno sería que nuestras autoridades intervengan para acelerar el proceso, pidiendo que reconozcan el ADN que llegó hoy y que demuestra que ellos son los padres biológicos", añadió.

Sobre el estado actual de la pareja, Atalaya indicó que "están detenidos e incomunicados; hasta ahora se pueden ver tres o cinco minutos y los días de visita. En estos momentos incluso ya no están en un lugar especial, están en una cárcel común. Mi hija está en Lima y a mi yerno lo trasladaron a 100 kilómetros de ahí".

"El ideal es que la justicia peruana reconozca ese resultado, porque si esperan el que ellos solicitaron va a pasar un mes y ese mes van a estar detenidos e incomunicados", insistió.

Resultados

En la mañana del viernes se dieron a conocer los resultados de la prueba de ADN al que fue sometida en Perú la pareja detenida por presunta trata de personas y se informó que éste logró confirmar la paternidad de Tovar.

El matrimonio compuesto por Rosario Madueño y Jorge Tovar Pérez, de 46 y 48 años, respectivamente, fueron detenidos a finales de agosto pasado tras haber intentado salir del país con dos lactantes, a los que accedieron tras contratar un vientre de alquiler. La versión fue confirmada posteriormente por la peruana gestante de los mellizos.

No obstante, la justicia ordenó prisión preventiva por 12 meses para el matrimonio. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo de Perú solicitó una serie de diligencias, entre ellas una prueba genética que se llevó a cabo este jueves. Así, los resultados del examen entregados hoy confirman que Jorge Tóvar Pérez es el padre biológico de los dos menores, que actualmente se encuentran en un albergue. Con ello, se descartaría el delito de trata de personas en la modalidad de compra de niños.