La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, presentó una querella criminal que apunta a Virginia Reginato, quien la precedió en el cargo, y a Claudio Boisier Troncoso, exadministrador del municipio, luego de constatar los altos finiquitos que percibieron en particular tres funcionarios, por un monto total que supera los 155 millones de pesos. Eso fue lo que reveló el documento, de 21 páginas, según informó BioBioChile.

El primero de esos altos funcionarios, de hecho, es el propio Claudio Boisier, uno de los hombres de confianza de Reginato, que fue convocado por la edil en abril de 2018, para enfrentar la crisis que enfrentaba el municipio tras darse a conocer el déficit de casi 17 mil millones de pesos.

En ese momento, Boisier dio el salto desde la gerencia de la Corporación Municipal a la administración municipal, y lo que acusa Ripamonti es que ese traspaso costó 2.844 UF, unos 76,6 millones de pesos de la época. Ese fue el finiquito que recibió el funcionario, aun cuando su salida fue de “mutuo acuerdo”, situación que exime a la Corporación de desembolsar tal cantidad. ¿Por qué tanto dinero? Tres son los argumentos: años de servicios, feriado proporcional y 57 días de feriado legal también por años de servicios.

Tras Boisier, aparece Patricia Colarte, quien se desempeñó en la Corporación Municipal como directora de Educación en la Administración Central en el período de diciembre de 2004 a 2010. Ese año renunció voluntariamente para asumir, una semana más tarde, como seremi de Educación en la región de Valparaíso. Pero, de todos modos, se le pagó un cuantioso finiquito: 21,5 millones de pesos entre indemnización voluntaria, feriado proporcional y 50 días de feriado legal pendientes.

Pero la denuncia no acaba allí: el tercer caso que expone es probablemente el más complejo. Se trata del que protagoniza Rodrigo Macuada Murray, exadministrador del Cementerio Santa Inés, que depende de la Corporación Municipal. Macuada llegó al organismo en 1992 y en 2019 atravesó su momento más polémico, luego de que se le acusara de prácticas antisindicales en la Dirección del Trabajo. En aquel momento, la situación se cerró con el pago de 30 millones de pesos a modo de compensación para 27 empleados.

Sin embargo, su salida estuvo envuelta en otra polémica. Según reveló BioBioChile, en el documento, Ripamonti acusa que a Macuada le correspondía “la causal del artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, pero que, por expresa orden del administrador municipal, Claudio Boisier, se invocó “el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa”. Así, Macuada, en 2019, dejó su cargo recibiendo como finiquito una suma total de casi 57 millones de pesos.

“No puede ser visto sino como un premio, cuando lo que correspondía evidentemente era el despido disciplinario”, dice al respecto la actual edil de la Ciudad Jardín en la querella.

Luego, volviendo al caso de Boisier, el documento subraya que “no se requiere mucha perspicacia para advertir que el pago de la indemnización voluntaria era una manera de enriquecer, con cargo a fondos públicos, al trabajador, perjudicando patrimonialmente a la Corporación”.

Y cierra: “La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la Corporación, debiendo tener presente que por concepto de pago de los finiquitos antes señalados, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000″.

Del lado de Virginia Reginato, su abogado, Claudio Uribe, consultado por BioBioChile, sostuvo que “todas las indemnizaciones, en general, los actos administrativos que se realizaron, se hicieron con estricto apego a las normas legales y reglamentarias vigentes en ese minuto. Así que en ese sentido estamos absolutamente claros que no se ha cometido delito alguno”.