"Mi marido se marginó del grupo que siguió con la demanda, porque considera que todo el apoyo recibido ha sido suficiente y está conforme".

Esta fue la explicación de Carmen Baeza Ulloa, esposa del minero Juan Illanes, para la renuncia voluntaria del trabajador a la demanda interpuesta por los "33" de la Mina San José.

Tras ocho años de ocurrido el derrumbe que atrapó por 69 días al grupo, la justicia falló en favor de los trabajadores demandantes otorgándoles una indemnización por $80 millones para cada uno.

Sin embargo, dos de los mineros involucrados se desvincularon de seguir en la demanda: el mencionado Illanes y Raúl Bustos.

"Se considera pagado con todo los esfuerzos que el Estado realizó para rescatarlo con vida desde el derrumbe", señaló la mujer, de acuerdo a La Hora.

FALLO

Según el fallo que determinó el millonario pago a las víctimas, la responsabilidad recae específicamente en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) luego que evidenciando "el incumplimiento reiterado de las exigencias de seguridad en el trabajo, nada se indicara ante el no cumplimiento por la compañía minera (...) la entidad más importante en materia de resguardo de estos deberes no tomó las medidas efectivas de cumplimiento de los estándares legales".