La secretaria de Estado se refirió al polémico beneficio que se le entrega a ciudadanos que participaron de las marchas.
Actualmente existen alrededor de 18 mil personas en el país que reciben una pensión de gracia del Estado, de las cuales 418 corresponden a personas afectadas durante las manifestaciones de octubre de 2019. Recientemente el Presidente Boric ha pedido revisar uno a uno cada caso para evaluar si corresponde o no esta asignación.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó los primeros resultados de este análisis, que llevará a que en las próximas semanas se revocarán al menos 25 pensiones de gracia.
La medida ha sido tomada luego del resultado de un informe emitido por la Contraloría General de la República, en donde se manifiestan irregularidades en el proceso de asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios de estas pensiones.
En el programa Mesa Central de Canal 13, la secretaria de Estado sostuvo que no se revocarán las pensiones de personas con pérdida ocular, ya que se considera que debido a los daños sufridos, no es relevante tener en cuenta los antecedentes penales en estos casos. “Hay daños de tal cuantía que no importan los antecedentes penales”, aseguró Tohá.
Sobre este punto señaló que estas personas “deben pagar sus delitos”, pero que eso es independiente de la responsabilidad del Estado con las personas que resultaron dañadas.
Junto con reconocer que este beneficio ha tenido sus falencias, la ministra comentó que es posible que estas irregularidades hayan ocurrido durante mucho tiempo, pero nunca se percataron debido a que no se habían revisado los antecedentes penales en el proceso de asignación de pensiones.
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