Durante un año y medio Sebastián Cortés (27) hizo de tripas corazón para sacar adelante su tesis en la universidad. A puro esfuerzo logró terminar sus estudios, y sólo le quedaba publicarlo en una revista científica para conseguir el añorado cartón de ingeniería Civil Industrial. Pero hubo un problema. Se negó a asistir a una reunión personal en la facultad, en la que- según denuncia- le solicitarían cambiar la autoría de su trabajo por la de uno de sus profesores.

Este acto de rebeldía destapó la olla sobre lo que, de acuerdo a lo que varios alumnos denuncian, estaba pasando en la Universidad Arturo Prat (UNAP) en Iquique: más de 30 tesis de esta carrera habrían sido publicadas bajo el nombre de los docentes, considerando a los jóvenes como meros colaboradores.

"Me citaron a la oficina. El director de carrera dijo que había una situación delicada con mi tesis y que teníamos que hablar en persona. Eso ya me pareció extraño", contó .

"Le di mi representación a una persona que se maneja en estos temas. Llegó a la cita y claro, le dijeron que no se podía dar inicio al proceso de titulación por ser yo el autor. Ahí fue que investigando nos dimos cuenta que era una situación delicada y que se repetía con varios estudiantes", agregó el joven, que hoy es vocero de los afectados.

Fue así que un grupo de alumnos presentó una querella contra cuatro funcionarios: Alberto Martínez, actual decano de la Facultad; Hugo Rodríguez, jefe de la carrera de ingeniería; Marianela Llanos Ortiz, directora de docencia, y Evadil Ayala, director de calidad, todos bajo los cargos de delitos contra la propiedad intelectual y asociación ilícita.

"Llevaban cinco años haciendo esto. Nadie se atrevía a denunciar por miedo a los profesores, porque son autoridades dentro del cuerpo académico, y nadie se quiere arriesgar a perder las posibilidades de trabajo. Estamos hablando de personas que tienen muchos contactos y te pueden bloquear de todo", confesó Cortés.

Una de las más afectadas fue Ángela Madariaga, que, según denuncia, fue borrada de su trabajo. "A ella le querían hacer firmar una carta para ceder los derechos de su estudio, pero se negó. Los profesores presionaron a su compañero y así lo publicaron. Ahí ella se dio cuenta que derechamente la suprimieron para poder publicar en la revista", agregó Sebastián.

Según explica el abogado defensor de los alumnos, Aníbal Griño, los imputados arriesgan penas que van de los 61 a 540 días.

"El principal objetivo de esta querella, más allá de que paguen o no los funcionarios, es que se le devuelvan los derechos de intelectualidad a todos los estudiantes que se esforzaron en estos trabajos. Lo que pase después con estas personas es colateral", agregó Gruño, apuntando a la candidatura de Alberto Martínez a la rectoría de la universidad.

En un comunicado, la UNAP aseguró que se encuentran realizando un sumario interno para esclarecer los hechos: "La relevancia de la autoría intelectual y el reconocimiento de quienes realizan investigaciones es de fundamental importancia".