La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió abrir de oficio una investigación para determinar si existen delitos en los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.

A través de un comunicado, el ente persecutor confirmó que indagará los convenios de transferencia de recursos con dicha fundación, vinculada a Revolución Democrática, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, por más de 400 millones de pesos.

La causa quedará asignada al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, “quien buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación, son o no constitutivos de delito”.

Para ello, la Fiscalía pedirá diligencias a la Brigada de Delitos Económicos Antofagasta de la PDI y se requerirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Contraloría Regional y Seremi de Vivienda, “la entrega de todos los antecedentes vinculados a los hechos que serán materia de investigación”.

La polémica

El escándalo se originó cuando se supo que el representante legal de la fundación que se llevó los contratos, Daniel Andrade, es pareja de la diputada Catalina Pérez, parlamentaria de Revolución Democrática (RD) por Antofagasta.

Las suspicacias crecieron cuando se conoció, además, que el ahora ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, también militante de RD, fue jefe de campaña de Pérez hasta 2020.

También se ha cuestionado que los convenios se hayan concretado por trato directo.

Si bien desde el Frente Amplio aseguran que, hasta ahora, no se han detectado irregularidades, sí reconocieron el hecho como un “error político” y un “descriterio”, dada la cercanía de las partes involucradas.

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