La segunda semana de noviembre del 2009, Héctor Llaitul, acompañado de otros siete comuneros mapuches, atendió a una serie de corresponsales extranjeros.

El encuentro con él estaba pautado en una pequeña sala de la cárcel El Manzano, situada en Concepción, a unos 520 kilómetros al sur de Santiago.

Para entonces, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, más conocida por sus siglas CAM, llevaba cuatro meses en prisión.

Lo habían acusado de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, robo con intimidación y atentado a la autoridad.

En concreto, de comandar el ataque armado que sufrió el fiscal Mario Elgueta el 15 de octubre de 2008 en Tirúa.

Él, desde luego se defendió: sostuvo que se trató de un enfrentamiento legítimo. Pero ni siquiera estar tras las rejas modificó su estado de ánimo y su discurso.

“Queremos la misma autonomía que tienen los vascos y los catalanes en España”, notificó en esa oportunidad, según recogió la agencia de noticias EFE.

Dijo, además, que el pueblo mapuche seguía “con la bota militar en el cuello, perseguidos y castigados por las mismas leyes que en la dictadura de Pinochet” y que su objetivo esencial era “reconstruir la nación mapuche”.

Aquella tarde, acaso como declaración de principios, concluyó: “Lamentablemente, para recuperar nuestra tierra tiene que correr sangre, sudor y lágrimas”.

En febrero de 1998, Llaitul, de 31 años, participó de una asamblea que reunió a varias comunidades mapuche en conflicto.

Esa convocatoria devino en la creación de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, agrupación que hoy lidera y que durante más de dos décadas se ha adjudicado toda clase de ataques a empresas forestales, agricultoras y de transporte.

También a predios turísticos y privados. En las últimas semanas, una serie de ataques incendiarios en la macrozona sur.

Pero antes de eso, ya había despertado su interés por causas políticas.

Mientras cursaba la carrera de trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso, a la que ingresó en 1987, Llaitul se afilió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y más tarde al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Lo llamaban “El Negro” o “Comandante Héctor”. En sus palabras, llevaba una vida conspirativa y clandestina, con una disciplina que le permitió “evadir muchos golpes que impactaron cerca de mí”.

Sin embargo, no pudo evitar una detención en 1988 por Ley de Control de Armas.

Lo trasladaron hasta la cárcel de Quillota y lo torturaron. En el libro Weichan: Conversaciones con un weychafe en la prisión política, que firmaron él y Jorge Arrate en 2012, lo cuenta en detalle:

“Fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, donde al igual que muchos compañeros fui sometido a maltrato físico y verbal consistente en golpes de puño y pies, posiciones asfixiantes, esposado colocado de rodillas sometido a posturas forzadas y con golpes continuos y burlas por mi condición de Mapuche y miope”.

Es más, expuso que durante el interrogatorio, “curiosamente”, su origen lo favoreció.

“Aunque mueva a risa, el prejuicio se volvió a mi favor. El capitán de Carabineros me lo dijo: ‘¡Pero qué hace un indio en la revolución! No tiene sentido, ustedes deben estar en el sur con el arado’. Así fue, la subvaloración y el desprecio hicieron posible que mi versión de los hechos resultara más creíble y que fuera puesto en libertad”, recordó.

En 2017, el rostro y garganta de la Coordinadora había sido encarcelado por última vez. Ocurrió en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

Sin embargo, al poco andar la Corte Suprema resolvió devolverle su libertad, toda vez que el Ministerio Público descubrió manipulación de pruebas y de instrumento público por parte de Carabineros.

De Llaitul, 54 años, padre de cuatro hijos, casado con Pamela Pezoa Matus, se han dicho muchas cosas.

Su excompañero en la universidad, el consejero de la CUT Nolberto Díaz, lo describe como “un militante de causas sociales, hoy día la de su pueblo mapuche y ayer la de la lucha contra la dictadura y el retorno de la democracia”.

Él, en cambio, se definió en 2012 como “un dirigente ideológico y político”.

“Este estigma de jefe militar me lo cuelgan para desvirtuar la lucha mapuche y criminalizarla”, subrayó. Y sobre lo que suelen decir de su figura, aclaró: “Todo oscila, sin lugar a dudas, entre el sensacionalismo y la caricatura”.

La detención de Héctor Llaitul

“Esta es una condena política y la respuesta se viene”, dijo en clave de amenaza Héctor Llaitul el 8 de enero de 2020 en las afueras del Tribunal de Juicio Oral de Temuco. Era su respuesta, y la de la Coordinadora Arauco Malleco, al fallo contra uno de los suyos, Daniel Canio, condenado por una serie de delitos ocurridos durante un ataque en el fundo Oyama de la comuna de Lautaro, en octubre de 2018. El gobierno de Sebastián Piñera, entonces, se querelló por sus declaraciones bajo la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Claro, el líder de la CAM también hizo otro llamado ese día: “(A la) promoción de métodos que suponen el uso de la violencia y comisión de delitos, a fin de desconocer el fallo judicial referido y afectar las actividades forestales en la zona”.

El último miércoles de julio el gobierno de Gabriel Boric amplió esa querella.

Pese a la negativa inicial, bastaron cinco meses para que La Moneda anunciara la medida luego de que el comunero insistiera en su llamado al sabotaje y celebrara ataques incendiarios.

En el texto, de trece carillas, argumentaron que Llaitul “ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales” y enumeraron tres de sus intervenciones públicas para ejemplarizar.

En una de ellas, una entrevista con el periódico Werkén, Llaitul no había dejado espacio a las dudas: “La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores”.

En la querella, además, el Ejecutivo recalcó que “los últimos episodios de violencia registrados en las Regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, ocurridos precisamente durante las semanas previas a esta última entrevista realizada a Héctor Llaitul, lo ligaría a acciones concretas que son constitutivas de delito”.

A fin de cuentas, a eso de las 13.30 horas de este miércoles se materializó el golpe que preparaba secretamente la Fiscalía de La Araucanía.

Personal de la PDI habría llegado hasta el restaurante El Viajero, ubicado en la calle Séptimo de línea, comuna de Cañete, donde almorzaba Llaitul. El líder de la CAM entendió lo que ocurría y no opuso resistencia: fue, una vez más, detenido.

“Esta orden de detención surge a petición de la Fiscalía en una investigación iniciada en el año 2020 por una denuncia efectuada por el gobierno regional de la época, invocando la Ley de Seguridad del Estado”, precisó más tarde el fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido.

Luego, explicó que “al cabo de esta investigación, en la que se han desarrollado diferentes diligencias, se han decretado medidas intrusivas, debidamente autorizadas por el tribunal, y donde con la debida reserva y con la paciencia para recopilar paulatinamente una serie de antecedentes, hemos logrado desde nuestro punto de vista y en este actual momento, demostrar no solo la existencia del delito, sino que también la participación del imputado en ellos”.

Llaitul fue trasladado vía aérea hasta la Base Aérea Maquehue, en Temuco. Llegó poco antes de las 14 horas, para luego pasar por el Centro de Salud Miraflores y realizar la constatación de lesiones.

Dicen, el proceso no se extendió por más de quince minutos.

Finalmente llegó al cuartel de la Policía de Investigaciones. Su audiencia de control de detención se realizará este jueves. Se le acusa de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Cerca de las 16.15 horas, desde el Palacio de La Moneda se refirieron a la bullada captura.

Izkia Siches, ministra del Interior, advirtió que “los trabajos, tanto del Ministerio Público como de las policías, han rendido frutos”, y luego pidió “no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen”.

Completó: “Vamos a solicitar las medidas cautelares según la constatación de los hechos delictivos que se puedan dar en conocimiento en esta instancia”.

A falta de 10 días para el Plebiscito, la preocupación en el Ejecutivo parece ser una sola: que no hayan represalias.