Este lunes, a más de un año del crimen de Tamara Moya, comienza el juicio oral contra los dos acusados por la mortal encerrona ocurrida en la comuna de Huechuraba y que acabó con la vida de la niña de 5 años.

Se trata de Alan Gallardo Vilches y un menor de edad, quienes figuran como imputados por el robo con homicidio que impactó al país el pasado 28 de febrero de 2021.

En la antesala de esta esperada instancia judicial, Raúl Moya, padre de la víctima, compartió un extenso testimonio y apuntó a uno de los delincuentes.

“Mucha gente nos pregunta si se puede asistir al juicio. Lamentablemente no se puede, tanto por medidas sanitarias como por el hecho de que uno de los imputados era menor de edad al momento del crimen y la ley lo resguarda”, explicó el padre de Tamara.

De paso, Raúl recordó el “estreno” en televisión de P.V.J., el menor de los acusados.

“A sus tiernos 15 años, este saco de excremento fue capaz de prender fuego a una persona y cómo fue tan maravilloso lo que hizo se grabaron haciéndolo y luego compartieron el video para jactarse de su hazaña. Por este caso tan espantoso, a las dos mujeres que agredieron a la víctima les dieron 10 años de presidio, pero a este dulce angelito le dieron la severa pena de 3 años de ‘libertad asistida especial’, es decir, free pass para que lo siga intentando a ver si termina matando a alguien”, añadió, junto con compartir un video del momento.

“Esta escoria disfrutaba”

Asimismo, Moya lamentó que “en ningún momento se habló de la justa reparación a la víctima ni de que por haber sufrido un atentado tan horroroso esta persona merecía justicia. Lo único que importaba es que P.V.J. volviera a la calle para que no se fuera a traumar con el encierro, si al fin y al cabo con sus apenas 15 años era imposible que supiera que prenderle fuego a una persona era algo malo”.

“No puedo dejar de recordar que el crimen de mi hija ocurrió mientras esta escoria aún disfrutaba de sus tres años de ‘impunidad asistida especial’”, recalcó Raúl.

Cabe destacar que, por el crimen de Tamara, el Ministerio Público solicita la condena de presidio perpetuo calificado para el adulto, y 10 años de internación provisoria para el menor imputado.