Una vez destapadas las primeras denuncias por el “caso Fundaciones”, el contralor Jorge Bermúdez congeló la toma de razón de todos los convenios en el país.

A un mes de esta decisión, el ente fiscalizador ya cuenta con un primer estado de avance: de 34 casos analizados, 29 no cumplían los estándares legales para realizarse.

Sin embargo, la situación más grave se detectó en el GORE de Los Lagos. A pesar de la objeción, igualmente se transfirieron más de $ 600 millones, por lo que se abrió un sumario.

Según reveló La Tercera —que accedió al estado de avance de este proceso—, toda la información analizada corresponde a acuerdos suscritos el 2023 y los convenios objetados involucran más de $ 13 mil millones.

Entre las materias que han sido blanco de observaciones se destaca que hay fundaciones que presentan giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias desde el Estado.

En otras palabras, en los convenios analizados no fueron suficientemente precisadas las actividades a ejecutar y los objetivos a cumplir por parte de esas fundaciones.

Asimismo, también se objetó por la “falta de claridad de los ítems de gastos”, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades y la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”.

El que se declare la ilegalidad del convenio significa que este vuelve a fojas cero. Es decir, se anula.

Situación de Los Lagos

Entre las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Mismo caso ocurre con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2.061.000.000.

Además, también fue “representado” el acuerdo entre el GORE y la Fundación Participa, para quienes aprobaron una transferencia de $ 1.020 millones. Esta ONG es dirigida por el excandidato a concejal por el PPD y PRO Daniel Ibáñez, y también es parte de la indagatoria que lleva el Ministerio Público.

Las transferencias de fondos en Los Lagos abrieron la sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en esta repartición.

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