El Servicio Jesuita a Migrantes denunció, durante las últimas horas, una nueva expulsión masiva de personas, que en este caso involucraría a cerca de treinta extranjeras y extranjeros, todos mayores de edad, detenidos y llevados hasta un cuartel de la PDI en Santiago.

Del mismo modo, desde la organización dieron cuenta de la situación que vivieron otras siete personas, esta vez en Arica, quienes fueron detenidas y mientras eran trasladadas a Santiago fueron abandonadas a su suerte en Chañaral: en ese momento la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo.

En conversación con Radio Biobío, Cristián Bravo, yerno de una de las detenidas, reveló parte de su historia:

"Nos dijeron que estaba con una orden de expulsión ella, porque el año 2014 ingresó por un paso no habilitado acá al país, pero en el momento ella fue retenida, le fue roto el pasaporte y fue devuelta. En el 2019, volvió con la hija de ella, el 11 de diciembre, pero ingresa por el Aeropuerto, legalmente", contó.

Por su parte, según consignó Biobío, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, pidió que se terminaran las expulsiones colectivas. De hecho, realizó un llamado a la empresa Sky Airlines para que acabara con el convenio que tiene con el gobierno para llevar a cabo estas.

"Son medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general; y por la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular", había dicho el viernes pasado el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, respecto de este escenario.