Por La CuartaSobreseen a Piñera y ex autoridades de Salud por supuesto fraude en arriendo de residencias sanitarias
Juzgado determinó que las exautoridades “no intervinieron en absoluto en la definición” de los contratos.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa que se inició por una querella en contra del expresidente Sebastián Piñera y la ex autoridades del ministerio de Salud.
Además de Enrique Paris y Jaime Mañalich, figuraba el actual convencional constituyente y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
En su oportunidad, los funcionarios de gobierno fueron denunciados por posibles delitos relacionados con las residencias sanitarias que se dispusieron para acoger a personas que necesitaban aislamiento por la pandemia.
La solicitud de sobreseimiento fue hecha por el Ministerio Público tras una extensa investigación, donde se trabajó con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.
Cabe recordar que la querella fue presentada por la ONG Comisión Chilena de Derechos Humanos, quienes acusaban un presunto fraude al Fisco por el destino de 5 mil millones de pesos asociados a los contratos que se hicieron para habilitar las residencias.
“A partir de diversas diligencias desarrolladas durante el periodo indagatorio se concluyó que no existía la comisión de algún delito de los que formaban parte de la querella, entre ellos delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible o tráfico de influencias. Esto a partir de indagaciones encargadas a la Brigada de Delitos Económicos y también a partir de antecedentes aportadas por autoridades y la Contraloría”, precisó el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, Patricio Toro.
“Era aplicable”
Además, precisó que los contratos “fueron celebrados en un contexto de emergencia sanitaria y por tanto era aplicable a su respecto una normativa de excepción”.
“Ese contexto y esa normativa permitió a la administración del Estado ciertos márgenes de discrecionalidad para incorporar cláusulas como las de costo operativo fijo, que era una de las cláusulas cuestionadas en la querella. Ese tipo de cláusulas atendían la urgencia de sumar al sector privado a la tarea de atención a pacientes con Covid”, añadió.
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