"Si tuviera plata, lo primero que haría sería llenar el refrigerador, porque el mío está pelado. Me gustaría que mi hija, si quiere un yoghurt, pueda llegar y sacarlo, como uno ve que pasa en otras casas".

Viviana Valdivia, de 36 años, vive con su pareja y sus dos hijas en el campamento Las Totoras, de Quilicura. Hace dos décadas, fue una de las primeras en llegar al terreno emplazado a un costado de la carretera General San Martín, que hoy es el hogar de 72 familias, todas en condiciones de precariedad, sin agua potable ni alcantarillado.

Su familia es parte de las más de 412 mil personas en situación de extrema pobreza que, según datos de la encuesta Casen 2017, deben subsistir con $105 mil pesos o menos al mes.

"Vivimos los cuatro con cerca de 300 mil pesos al mes y no nos alcanza. Mi marido trabaja en una empresa de demoliciones, pero sólo cuando lo llama el jefe. Nuestra mejor época es la Navidad, ya que mi pareja es artesano en fierro y hacemos trineos y árboles, todo con luces, que vendemos", relata Viviana desde el interior de su casa de madera, que ha ido construyendo y reforzando año a año con paneles de madera regalados o que ha encontrado en vertederos.

Con sus hijas de 14 y 4 años en colegios -una becada y la menor en un recinto municipal-, además de los gastos en alimentos y servicios básicos, Viviana debe hacer malabares para sobrevivir.

"Cuando ya estamos muy mal y no tenemos ni uno, los miércoles voy a la feria a vender ropa o lo que tenga. Incluso cosas mías. El miércoles pasado tuve que vender un balón de gas y me dieron 14 lucas", relata la mujer. "Nosotros nos afirmamos con arroz, fideos, salsa de tomates, porotos y pan. Cuando estamos pagados comemos carne con arroz o fideos".

La dura calle

Margarita Rojas, de 76 años, recuerda que a los 14 años, tras la muerte de su madre, decidió dejar su San Antonio natal y arrancarse a la capital. La menor de 14 hermanos empezó a trabajar en La Vega, haciendo fletes por monedas para tener qué comer.

"Viví primero en hospederías y después más de 15 años en la calle. Trabajaba, pero me caí al trago. Comencé a tomar para no sentir hambre ni frío, también para olvidar, para no sentir. Después trabajaba de portera en las picadas donde me vendían los tragos. Ahí me pagaban 3.000 pesos y me daban desayuno y almuerzo", relata la mujer, que desde hace dos años residen en una casa de acogida del Hogar de Cristo, donde logró dejar de lado su adicción.

"Me estaba hundiendo, la calle es muy helada y el trago me estaba cociendo por dentro. Ahora prefiero tomarme una bebida", agrega Margarita.

Además de tener ahora techo y comida gratis, en el hogar la asistieron para que pudiera cobrar una pensión solidaria, que asciende a $103 mil pesos. "Me alcanza para comprar mis cositas, para darme mis gustitos, como algo de comida, te, café, azúcar, aceite, cecinas cuando quiero echarle algo más al pan y cosas para el aseo".

La Casen

Aunque la encuesta arrojó una disminución importante de la pobreza por ingresos -pasó de 11,7% a 8,6% entre 2015 y 2017- , mostró asimismo un estancamiento en la pobreza multidimensional, que mide además acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda y redes y cohesión social. La cifra llegó a 20,7% (cerca de 3,5 millones de personas), en comparación al 20,9% de 2015.

Gonzalo Rodríguez, director social de Techo, afirmó que "esto se puede ver con mucha fuerza en los campamentos, en las villas de blocks, en los cités, que es donde viven las personas más excluidos. Ahí hay carencia habitacional, de educación y malos accesos a la salud. Desde el Estado se deben generar estrategias claras y concretas para resolver esto, ya que la pobreza no ha sido una prioridad en los últimos años".

Misma opinión tiene su par del Hogar de Cristo, Pablo Egenau. "Nuestra sensación es que dado su nivel de marginalidad y exclusión son personas que no tienen la capacidad de generar una agenda que tensione a los gobiernos en relación a lo que son sus demandas legítimas, de visibilizarse públicamente. Son personas que no votan, que no marchan, que no "pesan" políticamente, y por lo tanto dejan de ser interés político",

Al respecto, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, explicó a Sábado que "como ministerio estamos trabajando en la construcción de un 'Mapa de la Vulnerabilidad' en el que invitaremos a todos los actores relevantes (sociedad civil, mundo privado y academia) a buscar soluciones en conjunto que nos permitan hacernos cargo de quienes no han visto resueltas sus carencias y hoy no pueden salir adelante por si solos".