El diario estadounidense The Washington Post publicó que, en marzo de este año, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió al entonces secretario de Estado, Marco Rubio, la deportación de nueve cabecillas de la MS-13 detenidos en Estados Unidos.

Según el reporte, varios de ellos están protegidos por acuerdos de cooperación con la justicia norteamericana.

También indican que el mandatario salvadoreño veía su retorno como clave para impedir que los informantes revelaran evidencias de los pactos de su gobierno con la organización criminal.

Rubio, en una llamada del 13 de marzo, prometió cumplir la petición pese a que eso implicaba romper compromisos legales con los cooperadores. “Algunos eran informantes bajo protección de Estados Unidos”, admitió, asegurando que la fiscal general Pam Bondi anularía esos acuerdos.

El reportaje detalla que Bukele consideraba indispensable el regreso de esos pandilleros para mantener su imagen de “mano dura” contra el crimen, ya que los testigos habían entregado información sobre negociaciones entre funcionarios de su gobierno y líderes de la MS-13.

Uno de ellos, César López Larios, había aportado antecedentes clave sobre la colaboración del Ejecutivo salvadoreño con la pandilla. Fue enviado de vuelta a El Salvador solo dos días después de la conversación entre Rubio y Bukele.

El Post advierte que esa decisión ponía en riesgo años de trabajo de fiscales y agentes estadounidenses, que confiaban en esos testimonios para sostener un caso sobre cómo el gobierno de Bukele habría usado a la MS-13 para reducir homicidios y mejorar su popularidad.

Analistas citados califican la entrega como una “profunda traición” a la justicia estadounidense, ya que socava la confianza de futuros informantes y compromete investigaciones aún abiertas sobre nexos entre la administración salvadoreña y la pandilla.

El reportaje agrega que Bukele continúa presionando a Washington por la devolución de los otros ocho líderes, frustrado por no haber recibido todavía a todos los que exigió.

Pese a las críticas, ni el gobierno salvadoreño ni la Casa Blanca han respondido al artículo del Washington Post, que describe un pacto político que pone en entredicho a ambos países.