El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrancó su mandato tomando controvertidas medidas sociales en concordancia con su prometido giro ultraconservador, pero resultó ser menos ambicioso de lo esperado en cuanto a reformas económicas.

Determinado a romper con décadas de políticas de centroizquierda en Brasil y sumarse a la ola antiglobalizadora que se expande por el planeta, el exmilitar de 63 años inició su mandato el martes decretando el traspaso al ministerio de Agricultura de la demarcación de las tierras indígenas.

Una forma, según sus detractores, de entregar los territorios ancestrales de los indígenas al apetito voraz del agronegocio, cuya influyente bancada parlamentaria está detrás del nombramiento de su jefa, Tereza Cristina, como ministra de Agricultura.

Bolsonaro, que en su discurso de investidura prometió "restablecer el orden" y "liberar a Brasil del socialismo", emprendió también una "limpieza" ideológica de simpatizantes de izquierda en el seno de la administración.

Además, ordenó que las ONGs pasen a estar supervisadas por el gobierno y determinó la exclusión de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) de los beneficios de políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.

La polémica encendida por la ministra de esta cartera, Damares Alves, al aparecer festejando en un video el inicio de una "nueva era" en Brasil, en la que "niño viste de azul y niña de rosa", dice mucho del giro conservador recién iniciado en el país.

En política exterior, Bolsonaro selló una estrecha alianza con Estados Unidos, para combatir -entre otras cosas- las "dictaduras" de Venezuela y Cuba, y dijo que estaba abierto a discutir en un futuro la instalación de una base militar estadounidense, mencionando las preocupantes relaciones entre su vecina Venezuela y Rusia.

También ratificó su intención de transferir la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

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