China volvió a defender hoy la condena a muerte al ciudadano canadiense Robert Lloyd Schellenberg, pese a las críticas de algunos países y de Naciones Unidas sobre la imposición de la pena capital por un delito de tráfico de drogas.

Curiosamente, su pena ha sido elevada justo en pleno conflicto diplomático por el arresto en Canadá de la hija del fundador de Huawei y vicepresidenta de la compañía, Meng Wanzhou.

"Si la imposición de la pena de muerte a Schellenberg es inhumana e inapropiada, ¿no creen que la muerte de personas por estas drogas es inhumana? No permitiremos que las drogas pongan en peligro la vida de los chinos", aseveró la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.

Después de que el lunes un tribunal chino condenara a muerte a Schellenberg, de 36 años, por participar en 2014 en el intento de envío de 222 kilogramos de anfetaminas ocultas en neumáticos de China a Australia, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a China de haber aplicado "arbitrariamente" la pena de muerte.

Preguntada por estas críticas, Hua aseguró que China "no está preocupada" y, refiriéndose a las críticas procedentes de Australia, aseguró que "no representan a toda la comunidad internacional".

Inflexibles

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Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, fue arrestada el 1 de diciembre, pero varios días después un tribunal canadiense le concedió la libertad bajo fianza.[/caption]

Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó ayer su esperanza en que China revise la pena a muerte.

"La idea básica (para la ONU) es que si la pena de muerte es utilizada -y animamos a todos los estados a dejar de hacerlo- sólo es permisible en casos de asesinato intencionado, no para otros delitos como el narcotráfico", dijo a Efe el portavoz de la oficina en Ginebra, Rupert Colville.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno chino conmute la pena de muerte impuesta al ciudadano canadiense, Hua señaló que "China es un Estado de Derecho, según la Constitución. Las autoridades pertinentes implementan los derechos de manera independiente y otros departamentos no interfieren".