"Hasta los animales saben cómo cuidar a sus crías", dijo el juez de la Corte Superior de Los Ángeles. Su decisión en el caso del pequeño Gabriel Fernández, que murió debido a las torturas infligidas por quienes debían cuidarle, fue resolutoria: pena de muerte para el padrastro y cadena perpetua para la madre.
La pareja fue arrestada por las autoridades de Los Ángeles en el 2013. Ambos, Isauro Aguirre (37) y Pearl Sinthia Fernández (34), fueron declarados culpables de asesinar al pequeño Gabriel Fernández.
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Gabriel falleció luego de entrar en un coma producto de las torturas.[/caption]
El niño era golpeado y quemado rutinariamente, lo obligaban a dormir amordazado y amarrado dentro de un pequeño gabinete, además de obligarlo a comer heces de gato. Finalmente, el menor falleció dos días después de ser ingresado en un hospital.
La sentencia
Al emitir las sentencias, el juez George G. Lomeli calificó la conducta de Aguirre y Fernández como "horrenda e inhumana. Solo espero que…se despierten en medio de la noche, y que piensen en el daño que le hicieron a ese pobre niño", fueron sus palabras.
La fiscalía reveló en el juicio del año pasado que Isauro Aguirre disfrutaba torturando al niño porque pensaba que era homosexual.
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La pareja estuvo cinco años esperando la resolución de su sentencia.[/caption]
La pareja compareció ante el juez Lomeli en un tribunal del centro de Los Ángeles. Los miembros del jurado recomendaron el pasado 13 de diciembre que Aguirre fuera sentenciado a muerte después de haberlo condenado por homicidio en primer grado y por infligir tortura.
Fernández se declaró culpable de homicidio en primer grado y admitió la tortura de su hijo el 15 de febrero, a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Las reformas
La muerte de Gabriel provocó indignación sobre el manejo del caso por parte de los trabajadores sociales del condado de Los Ángeles, quienes se contactaron con la familia en varias ocasiones.
Una investigación posterior, informó la cadena Telemundo, conllevó cargos penales contra dos ex trabajadoras sociales y sus supervisores.
Ellos están a la espera de un juicio por un cargo de delito mayor, cada uno de abuso infantil y falsificación de registros públicos en relación con el caso de Gabriel.
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