Tras la presentación del informe de la ONU que denuncia graves crímenes de Estado cometidos por el gobierno de Maduro, Bachelet ha sido blanco de críticas en Venezuela.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que se habrían cometido más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, además de un uso desmesurado de la violencia.

"El Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales", subrayó Bachelet.

"La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana (...) Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", añadió la alta comisionada.

La respuesta del gobierno venezolano

El informe recibió el apoyo de la Unión Europea o buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue replicado de inmediato por la delegación de Venezuela.

El viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, calificó el texto como "carente de rigor científico y con graves errores metodológicos. Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país", dijo el diplomático a Bachelet en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.

Añadió que el documento "ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo", argumentó el viceministro, quien exigió una "corrección de su contenido".

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"No existen detenidos políticos"

Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo aseguró que "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales".

Y subrayó que el régimen de Maduro "es objeto de una campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra social y política del presidente Hugo Chávez y continuada por Maduro".

"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición".