El Gobierno de Donald Trump evalúa si es legal deportar a sus ciudadanos que hayan cometido delitos graves a la prisión salvadoreña construida por Nayib Bukele, conocida como Cecot.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente solo lo contemplaría si fuera jurídicamente viable, y únicamente para los criminales “más violentos, atroces y reincidentes”.

Previamente, y durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de El Salvador, Trump ya manifestó su interés en “ir un paso más allá” y enviar no solo a migrantes acusados de delitos, sino también a ciudadanos estadounidenses.

“No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales”, declaró.

Una idea que viene siendo discutida en los últimos meses

Trump ya había sugerido esta posibilidad antes, pero ha sido rechazada por expertos legales y defensores de los derechos civiles. A su vez, Bukele planteó formalmente la idea en febrero, durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio.

El presidente salvadoreño ofreció el Cecot —cuestionado por organismos de DD.HH. por sus condiciones— como destino para criminales extranjeros y estadounidenses.

Aquello fue la antesala para lo que ocurrió posteriormente el pasado 15 de marzo, ya que la Administración Trump envió a 261 personas al Cecot, incluyendo 238 venezolanos y 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a organizaciones como el Tren de Aragua y la MS-13.

Entre los deportados se incluyó por error a un ciudadano salvadoreño inocente, Kilmar Ábrego García, pero el gobierno de Trump se niega a aceptarlo de regreso y Bukele aseguró no está en sus planes enviarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió la semana pasada que el gobierno de Trump debe “facilitar” el regreso de Ábrego, un caso que pone en entredicho los posibles problemas que podrían ocurrir ante el envío de ciudadanos estadounidenses a una cárcel foránea.