En los recintos privados, especialmente en establecimientos comerciales como supermercados, mercados o malls, se encuentran los guardias de seguridad para resguardar el orden.

Una labor definida por ley como “aquella persona natural que presta servicios de seguridad privada, y que otorga, personalmente, protección a personas y/o bienes, dentro de un recinto o área determinada previamente delimitada y que no se encuentra autorizada para poseer, tener o portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones”.

La determinación es parte del Reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que perciben servicios o realizan actividades de seguridad privada, complementario a la Ley 19.303.

Al momento de sorprender a una persona delinquiendo, guardias o personal de vigilancia están facultados a ponerla a disposición de autoridades como Carabineros o Investigaciones, según indica la Ley del Consumidor.

Por otro lado, el vigilante privado se define como una persona natural que está a cargo de la protección y seguridad al interior de instalaciones comerciales o de servicios, entre otras. Pueden portar armas autorizadas y deberán llevar una tarjeta de identificación, ocupar uniforme azul gris perla y cualquier otro elemento de seguridad determinado.

Nueva Ley de Seguridad Privada

A finales de 2023, el Congreso aprobó la Nueva Ley de Seguridad privada, marco regulatorio que establece mayores certezas y profesionalización al rubro.

Se trata de cambios a aplicar de manera paulatina, según explican desde el gobierno. El Ejecutivo cuenta con el plazo máximo de un año para dictar los reglamentos, tras la publicación de la ley en el Diario Oficial.

El trámite legislativo presenta modificaciones al actual texto legal, incluyendo estandarización al rol de empresas de seguridad privadas y fortalecimiento de sus funciones.

También se propone modernizar los procesos de certificación de guardias de seguridad y vigilantes privados, labor a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Además, se considera una actualización a las capacitaciones, regulación en la seguridad en eventos masivos y modificaciones de las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento.