Un reciente informe entregado por la Contraloría reveló una serie de falencias que habría cometido la Policía de Investigaciones (PDI), encargada de la entrada y salida de extranjeros en el país.

Esto, porque entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, un grupo de migrantes previamente expulsados de Chile —provenientes de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Alemania— habrían reingresado a través de pasos fronterizos habilitados.

El equipo de investigación de Meganoticias pudo acceder a esta auditoría, donde el contralor expone que estos hechos responden a “una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI”.

PDI habría permitido el ingreso de extranjeros expulsados a Chile

En los pasos fronterizos Los Libertadores (frontera con Argentina) y Chungará (frontera con Bolivia), las personas ya expulsadas de Chile habrían vuelto a entrar como cualquier otro extranjero con los papeles al día.

“Esto evidencia que dichos controles no resultaron suficientes para detectar la prohibición de ingreso al país, lo cual incumple para un caso de expulsión administrativa lo establecido en el artículo 136, de la Ley N° 21.325″, se lee en el informe de Contraloría.

Además, 30 extranjeros —la mayoría venezolanos— habrían sido expulsados, sin embargo, no existe registro de su salida del país, lo que “podría dar cuenta de la permanencia de estos en el territorio nacional”.

Por otra parte, existen 12 extranjeros que salieron de distintas cárceles del país que cumplieron su condena o recibieron una rebaja de la pena. No obstante, la PDI nunca emitió una denuncia ante el Servicio Nacional de Migraciones para resolver su expulsión mientras permanecían encarcelados. Ahora que están en libertad, es casi imposible tramitar su expulsión.

Y, para finalizar, no se pudo verificar si otros 47 extranjeros provenientes de Venezuela, Colombia, Haití y Perú que sí tenían una orden de expulsión administrativa mientras estaban en la cárcel finalmente salieron del país.

Desde la PDI, confirmaron que ordenaron un sumario para determinar sobre quién o quiénes caerá la responsabilidad de las “debilidades” que observó Contraloría en el control migratorio de extranjeros. Tendrán dos meses para responder.