El juez Hugo Torres del 9° Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la ex chica Mekano y ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada por diversos delitos de corrupción.

Barriga fue reformalizada este martes como autora de los delitos consumados y reiterados de fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos, entre otros. Ilícitos que habría perpetrados entre 2016 y 2021.

Al término de la audiencia, el juez Torres determinó la prisión preventiva, argumentando la importancia de la función pública en la sociedad, afirmando que los cargos se deben ejercer de manera sobria y que en el caso de Barriga hay evidencia de un actuar “espurio y doloroso”.

“El delito cometido por aquel que revestido de los honores y prerrogativas que le otorga su alto rango, pasando por encima de la confianza pública en la gestión que le ha sido encomendada, distrae intencionalmente recursos, falsea información, posterga los pagos de la manera que se ha narrado, valiéndose –además– de la estructura administrativa que dirige para tornar más efectivo y eficiente su actuar espurio y doloroso”, indicó el juez.

“Este reproche merece una valoración en que el comportamiento ético común no basta para exculpar o justificar la conducta. Y estimo que este es el caso. En consecuencia, considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los miles de millones de pesos involucrados, considero que la libertad de la imputada constituye un peligro real y concreto para la sociedad y ordeno su ingreso a prisión preventiva”, concluyó.

Acusaciones contra Cathy Barriga

Según Fiscalía, entre 2016 y 2021, Barriga habría realizado diversas maniobras defraudatorias para manipular la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad, consistentes en la sobreestimación de ingresos como la subestimación de gastos municipales.

Manipulaciones que le habría permitido financiar diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de promoción de su persona y gestión, los que tuvieron costos multimillonarios, dejando impagas obligaciones contraídas por el municipio.

Esto habría generado un perjuicio fiscal, cuya cuantía es objeto de investigación y que según los antecedentes existentes a la fecha, superarían los 30 mil millones de pesos.