Por Marco OyarzúnAhora te metió el Consejo de Defensa del Estado: importante organismo podría querellarse contra la senadora
Denuncian a la política por recibir parte del sueldo de sus asesores. Apuntan que recibió una millonada por esta práctica.

Camila Flores está en el ojo del huracán tras ser investigada por el presunto cobro ilegal a sus asesores, lo que habría generado una ganancia cercana a los $300 millones. El Consejo de Defensa del Estado puso manos en el asunto y abrió la puerta a eventuales acciones judiciales contra la senadora.
La revisión se activó luego de que el organismo recibiera los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, los que actualmente se encuentran en etapa de estudio para definir si corresponde presentar una querella. Desde el CDE confirmaron que existe coordinación con los fiscales a cargo de la indagatoria, consignó ADN.
El caso se originó a partir de una denuncia anónima difundida por T13, en la que se apuntan posibles irregularidades durante el período en que la parlamentaria ejercía como diputada.
Se investiga un presunto mecanismo mediante el cual la actual senadora habría retenido parte de los sueldos de sus asesores, práctica que se habría extendido entre 2018 y 2025.
“Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”, señala la denuncia.
“Este mecanismo —al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como ‘la cuota Flores’— consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga —también en efectivo— gastos de orden personal”, se agrega.
Yolanda Olfos, secretaria de Camila Flores desde 2018, sería la encargada de recolectar el dinero.
Incluso se filtraron mensajes de WhatsApp donde se expone cómo operaría este posible delito que se le imputa a la parlamentaria.
Uno de los casos más impactantes es el de Julio Alejandro Lillo, contratado por un monto mensual de $2.640.939, pero que debía entregar $1.800.000 en efectivo a Flores.
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