El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad, iniciativa que tiene entre sus principales ejes la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.

La propuesta, que inició su tramitación en el Senado, establece que esta nueva herramienta podrá ser decretada por el Mandatario ante una “amenaza grave e inminente” a la seguridad pública o cuando esta haya sido “gravemente afectada”.

La nueva figura podrá extenderse inicialmente por hasta 120 días y el Presidente estará facultado para prorrogarla por una vez por igual período.

Durante su vigencia, el Mandatario podrá “suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión”. Asimismo, podrá restringir el derecho de asociación, además de “interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones” y disponer requisiciones de bienes.

El análisis de Daniel Matamala

Al tanto de la iniciativa, el periodista Daniel Matamala decidió compartir su primer análisis marcado por la alarma.

“Quiero hablarles hoy de un tema que importa, que me parece muy urgente. Conocimos el proyecto de reforma constitucional del gobierno, que entre otras cosas crea un nuevo estado de excepción constitucional, el estado de excepción de seguridad pública. Y en estas horas he estado hablando con varios abogados constitucionalistas para entender mejor los alcances, y veo bastante alarma por lo que esto significa, por lo inédito que es en nuestra democracia una cosa como esta”, indicó el comunicador, apuntando a “tres razones fundamentales”.

“Primero, es un estado de excepción que tiene una fundamentación que puede ser bastante vaga. El Presidente puede decretarlo sencillamente por ‘amenaza grave o inminente contra la seguridad pública’, a diferencia de, por ejemplo, el estado de sitio que requiere una situación de guerra interna, o un estado de asamblea que requiere una guerra externa”, recordó.

“En segundo lugar, lo determina el Presidente de la República, que puede prolongarlo por su propia decisión durante hasta 240 días, o sea, ocho meses, sin necesidad de preguntarle al Congreso. Eso también es completamente inédito”, complementó.

Luego, como tercer punto —y a su juicio “lo más grave”— están “las amplísimas facultades que este estado le entrega al presidente de la república, quien puede suspender o restringir la libertad personal, la libertad de locomoción, el derecho a reunión, el derecho a asociación. Puede interceptar, abrir o registrar documentos o toda clase de comunicaciones, y puede requisar bienes. Todo esto, les recuerdo, sin tener que pedirle autorización a nadie”.

“Y alguien podrá decir, ‘bueno, yo confío en que el actual Presidente, va a aplicar eso con criterio, de buena manera’. Está bien, pero yo le preguntaría a esas personas, ‘esto es una reforma constitucional, esto va a quedar en la Constitución para que futuros presidentes también puedan aplicarlo. ¿Ustedes se sentirían tranquilos, se sentirían cómodos si el próximo presidente es del Partido Comunista o es del Partido Libertario o es del Partido de la Gente, y tiene estas facultades para, porque él lo decide durante ocho meses, poder espiar a todos los chilenos, poder restringir la libertad personal de todos los chilenos, poder restringir o eliminar durante ese periodo su derecho a reunión, su derecho a asociación?“, cuestionó Matamala.

“Me parece que es entregarle facultades a una sola persona, que hoy es de un sector político, mañana puede ser de otro, eso da lo mismo, pero es entregarle a una sola persona facultades que son dictatoriales, que no son propias de una democracia, que no son propias de la separación de poderes, que no son propias de un estado en que todos nosotros tenemos derechos que podemos hacer valer frente al Estado, en que todos nosotros, si somos víctimas de una situación injusta, podemos recurrir a tribunales o podemos recurrir a la justicia. Me parece gravísimo”, cerró.