Reportaje de Ciper reveló desconocido antecedente sobre un supuesto desvío de recursos públicos a la campaña del actual Presidente.
Un nuevo antecedente podría echar por tierra una hipótesis del fiscal Patricio Cooper sobre financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gabriel Boric, en el marco del Caso Procultura.
Según se supo en los últimos días, el persecutor solicitó sin éxito a tribunales interceptar el teléfono de Boric por una supuesta confesión, de que “dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura” derivaron en “financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”.
De acuerdo a Ciper, el antecedente expuesto por Cooper sería una frase de una escucha telefónica, donde una proveedora, llamada Lucía, exigía a ejecutivas de la fundación el pago de una deuda.
La mujer afirmaba que el director de Procultura, Alberto Larraín, le dijo: “no, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Cooper habría señalado que aquella “plata” correspondería a fondos públicos, sin embargo, el citado medio averiguó que la sospecha “se basa en un error”.
No serían recursos públicos
Ciper rastreó esos dineros y detectó que no provenían de convenios entre Procultura y organismos públicos. Más bien se trataba de donaciones de empresas como Anglo American, Minera Candelaria y Enel.
Más aún, el reportaje afirma que en la carpeta de la investigación no existen rastros de que esas platas adeudadas a “Lucía” hayan ido a parar a la campaña del actual mandatario.
El medio también descubrió que la mujer que cobraba sus dineros es Lucía Bustamante, dueña de la Productora Gráfica Andros. La ONG le adeudaría 41,9 millones de pesos por trabajos de impresión.
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