La tarde de este domingo, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España se unieron para compartir un comunicado conjunto tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que resultó en la detención de Nicolás Maduro.

En el documento, compartido por Cancillería, reafirmaron “su apegado a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Ante esto, los gobiernos de los seis países expresaron “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

“Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”, añadieron en el comunicado.

En segundo lugar, reiteraron que “la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, agregaron.

En esa misma línea, en el comunicado reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe “como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”.

Ante esto, hicieron un llamado a “la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

En ese sentido, hicieron un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y a todos los Estados Miembros “a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Finalmente, en el comunicado manifestaron su preocupación “ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.